La iniciativa de Ley de Amnistía beneficiará a 2 mil 67 personas encarceladas por delitos del fuero federal, así como a 17 mil 134 del fuero común, pero implica riesgos porque no hay una estrategia de Estado que garantice la protección de víctimas ni que la gente que salga de prisión no vuelva a delinquir o que no sea estigmatizada socialmente.
Así lo manifestó el presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP), Raúl Sapién Santos, al destacar que el proyecto del gobierno de Andrés Manuel López Obrador contempla replicar la legislación en todo el país, “por lo que debemos estar preparados para digerir 32 amnistías”.
En entrevista con MILENIO dijo que uno de los puntos negativos de la iniciativa de decreto es el “mensaje de impunidad” que puede generarse entre la sociedad cuando liberen a una persona que estuvo encarcelada sin contar con mecanismos para su adecuada reinserción en la sociedad.
Sostuvo que la iniciativa no ha contemplado un plan que proteja a las víctimas ni a las personas involucradas en diversos delitos, además de que tampoco establece medidas para el libre desarrollo de la gente que alcance el beneficio.
“Se debe trabajar ahora en el problema de la falta de readaptación social, ya que liberar a las personas sin un programa es regresarlas al mismo contexto social donde se vieron obligadas a realizar estas conductas delictivas, el Estado debe dar garantías de ello, es la sugerencia del consejo”, manifestó.
Propuso adecuaciones a la iniciativa como el hecho de que se establezca la temporalidad de esta ley, es decir, por cuánto tiempo va a generarse este beneficio, particularmente en delitos contra la salud.
Recordó que en caso de ser aprobada, la ley aplicará en casos de aborto, delitos contra la salud por autoconsumo o derivados de pequeñas dosis en temas de narcomenudeo, personas de comunidades indígenas que no cuenten con un intérprete o defensor con conocimiento de su lengua y cultura.
Robo simple sin violencia con pena máxima de cuatro años y por el delito de sedición o formar parte de grupos de incitaran a la comisión de otros delitos motivados por ideas políticas para alterar la vía institucional.
Señaló que la Ley de Amnistía será contraproducente si no promueve y concreta una verdadera cultura de respeto a la legalidad entre la sociedad.
“Es fundamental la cultura de la legalidad, no podemos estar pensando por ejemplo en el caso de un robo simple y sin violencia en que el infractor solo haga un acuerdo reparatorio y diga ‘vámonos a la calle’... Tampoco debemos transitar por sistemas penales en los que por un robo simple la autoridad diga ‘te voy a privar de la libertad cinco o seis años’”.
Sapién indicó que la generación de esta ley parte también del hecho de que se reconoce que persisten las violaciones al debido proceso y es necesario liberar a gente que fue encarcelada injustamente, como es el caso de miembros de comunidades indígenas.
PIDEN APEGO A DERECHOS HUMANOS
De acuerdo con un análisis del Instituto Belisario Domínguez del Senado, la Ley de Amnistía, enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados, puede ser un mecanismo de justicia transicional para la pacificación del país, pero deberá seguir parámetros en derechos humanos. La investigación puntualiza que se deben ponderar criterios para no reproducir impunidad en nombre de la paz, no debe beneficiarse a responsables de delitos graves ni afectar derechos de las víctimas, como la reparación del daño. Además, la ley debe cumplir con parámetros del derecho internacional.
