TOKIO, Japón.- El Parlamento de Japón aprobó hoy una ley temporal que otorga poderes especiales al Gobierno de Shinzo Abe para aplicar una serie de medidas de emergencia, en caso de que sean necesarias, con el fin de luchar contra el COVID-19.
La legislación, que permite a Abe declarar el estado de emergencia si las circunstancias lo aconsejan, fue aprobada hoy en la Cámara Alta de la Dieta con 216 votos a favor y 18 en contra.
El proyecto de ley, que anunció este miércoles el Gobierno de Abe, ya había sido aprobado por la Cámara de Representantes el jueves, por lo que este viernes se completó el trámite parlamentario.
Los poderes especiales otorgados a Abe estarán vigentes por dos años. La normativa modifica una ley anterior que se aplicaba en 2013 para infecciones como la gripe, pero el Gobierno pidió la ampliación porque el nuevo coronavirus no estaba cubierto.
La iniciativa fue lanzada por el Gobierno de Abe después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) caracterizara la extensión del COVID-19 como una pandemia, dada la extensión global del brote de coronavirus que surgió en la ciudad china de Wuhan.
En Japón ha afectado a unas 1.400 personas y ha causado la muerte de 26, incluyendo los casos detectados en un crucero que quedó amarrado en el puerto de Yokohama a comienzos de febrero.
La legislación permite a las autoridades exigir a la población que permanezca dentro de sus domicilios, que se cierren las escuelas y que se cancelen eventos públicos. Algunas de esas decisiones ya han sido adoptadas a partir de recomendaciones oficiales.
También permite que las autoridades locales se reserven en exclusividad la compra de materiales esenciales como medicinas y alimentos, así como utilizar instalaciones privadas para brindar atención médica indispensable.
Al dar a conocer el proyecto de ley, Abe dijo que la legislación está pensada para "el peor de los casos", si los contagios se propagan rápidamente en el país y aumenta el riesgo de un impacto grave en la vida de la población y la economía.
"Dado que los derechos individuales se verían suprimidos, examinaría su potencial impacto antes de tomar una decisión", dijo el primer ministro.
EFE.
