Hace 3 años Manuel Bartlett estaba en contra de la militarización de México

12 mayo 2020
Noticias de Yucatán. 

Este lunes 11 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó, mediante un decreto, a las Fuerzas Armadas participar de manera “extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria” con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública, por un periodo máximo de cinco años.

Sin embargo, ciertos sectores de la sociedad y diversos partidos políticos que se han opuesto y criticado durante diversas ocasiones que los militares se mantengan en las calles haciendo tareas de seguridad pública. Entre los opositores a estas medidas destacan políticos que actualmente trabajan en el gobierno federal, como es el caso del director de la Comisión Federal de Electricidad Manuel Bartlett Díaz.e

Entre marzo y abril de 2017, el entonces senador Bartlett presentó una iniciativa de reforma constitucional para oponerse a la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, que fue impulsada durante la administración de Enrique Peña Nieto, porque implicaba "la militarización del país y porque los problemas de México no se resuelven con la violencia, sino con empleo, educación, combate a la desigualdad y a la pobreza".

Bartlett Díaz, quien fungía como coordinador del Partido del Trabajo (PT) en el Senado de la República, advertía sobre el riesgo que se corría al permitir que los militares participaran en tareas de seguridad pública.

"Seriamente, analicen, porque sí se va a militarizar al país, corriendo un riesgo que han corrido todos los países de América Latina menos nosotros porque se logró un ejército civilista y destinado a sus tareas, después de grandes problemas", dijo ante el pleno del Senado el 23 de abril de 2017.

El expriista criticó en tribuna ante senadores que esta medida formaba parte de la voluntad de Estados Unidos para que los ejércitos de América Latina cuidaran a sus empresas mineras, petroleras y eléctricas y si aprueban esta ley vamos a ser los reos de las fuerzas armadas.

"(Esta ley) faculta a las fuerzas armadas a realizar cateos, arraigos e intervenciones en comunicaciones (...) Las atribuciones son de la policía y del Ministerio Público con autorización judicial y no deben ser usurpadas por las fuerzas armadas", dijo Bartlett y advirtió que dar esas facultades a los militares equivaldría a criminalizar cualquier manifestación y acto de protesta social no violento. 

"¿Eso es una ayuda? Eso es una ayuda de las fuerzas armadas a combatir al crimen organizado", dijo el ahora funcionario federal.

EJÉRCITO SEGUIRÁ EN TAREAS DE SEGURIDAD, POR DECRETO

En el Diario Oficial de la Federación (DOF), el titular del Ejecutivo federal publicó el lunes el acuerdo para que los integrantes del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, durante el tiempo en que la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, participen en tareas de seguridad pública, “sin que dicha participación exceda de cinco años contados a partir de la entrada en vigor del decreto del 26 de marzo del 2019”.

Y es que a través de dicho decreto del 2019 se da certidumbre jurídica a la operación de la Guardia Nacional.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana argumentó en un comunicado emitido también el lunes que “a diferencia de lo que ocurrió en administraciones pasadas, el acuerdo (presidencial) regula la participación de las Fuerzas Armadas”.

Puntualizó que el decreto limita cuáles son las funciones que podrán ejercer dichos elementos, y estimó que “no excede de ninguna forma lo establecido en el texto constitucional”.

El acuerdo formalizado en el DOF establece que las Fuerzas Armadas tendrán un papel complementario de la seguridad y su actuación se regirá con respeto a los derechos humanos, en términos del artículo primero de la Constitución, y observará la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza y demás ordenamientos en la materia.

Mencionó que debido a que la Guardia Nacional aún se encuentra en proceso de consolidación, “se requiere que las Fuerzas Armadas brinden su apoyo a esta institución de seguridad pública para lograr hacer frente a la delincuencia”.

Con información de Jorge Monroy / El Economista


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