El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, aseguró que la compra de ventiladores a la empresa Cyber Robotics, propiedad de León Bartlett, se apegó a los criterios de entrega inmediata, modelos de ventilador y disponibilidad.
Legal y éticamente, ¿es posible que el hijo del director general de la CFE pueda hacer negocios con el gobierno de México y allegarse de recursos de los mexicanos? ¿Por qué lo mantuvieron en secreto? De no ser por la denuncia de la agrupación "Mexicanos contra la corrupción" nadie se hubiese enterado de tal irregularidad. Si duda nos hallamos frente a un caso de influyentismo, que no es otra cosa que corrupción.
“La doctora Claudia Díaz, que es la representante nuestra en Hidalgo hizo eso, pero estableció tres criterios para decidir, el primero era la oportunidad, la entrega inmediata eso es lo más importante hoy en el precio de un ventilador, cuál puede entregarse de manera inmediata”, señaló Robledo en conferencia de prensa desde Palacio Nacional, acompañado de Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud; Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México; y José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología.
El director general del IMSS añadió que la doctora Claudia Díaz, encargada de realizar la compra, ofrecerá este sábado una conferencia de prensa en la delegación del IMSS de Pachuca para explicar paso a paso el proceso de adquisición de dichos ventiladores.
“La clave en este momento es la transparencia para tener que hacer disposiciones que salvan vidas, pero hacerlas de forma transparente”, afirmó Zoé Robledo.
Este viernes, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) difundió que la delegación del IMSS en Hidalgo asignó a la empresa del hijo del titular de la CFE, Manuel Bartlett, un contrato por 31 millones de pesos por 20 ventiladores respiratorios; la organización publicó en su portal que cada unidad se vendió en un millón 550 mil pesos.
Lo anterior, tras una revisión de contratos en la que comparó los precios pagados por el Gobierno de México con los precios descritos por el Consejo de Salubridad General.
