Empresas participantes en el mercado de laboratorios y bancos de sangre no sólo son investigadas por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) por prácticas monopólicas, sino también a nivel penal por la Fiscalía General de la República (FGR).
Desde marzo de 2019, la Autoridad Investigadora de la Cofece emitió un dictamen de probable responsabilidad al determinar que posiblemente varias empresas se pusieron de acuerdo para vender servicios de laboratorio y bancos de sangre con sobreprecios al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). A raíz de la querella, la FGR tomó en sus manos una investigación penal a varias empresas, señaló la Comisión.
Aunque se encuentran bajo procedimiento, entre abril y mayo de este año, el IMSS otorgó contratos a cuatro empresas para servicios de laboratorio clínico y banco de sangre.
Se trata de Centrum Promotora Internacional, Instrumentos y Equipos Falcón, Impromed y Hemoser que tienen contratos por casi 13 mil 700 millones de pesos, como publicó REFORMA el pasado jueves.
La red monopólica fue denunciada por el propio IMSS luego de que en 2016 se difundieron conversaciones telefónicas entre directivos de Centrum y Falcón, en las que acordaban el reparto de partidas y regiones.
La Cofece señaló que actualmente el procedimiento que se les sigue a las empresas es en forma de juicio, es decir, las firmas están exponiendo su posición para defenderse de las imputaciones.
Dicho juicio está en su etapa final, por lo que el pleno de la Cofece tomará una determinación sobre su responsabilidad en las próximas semanas.
La Comisión expuso que pese a que las empresas resultarán responsables de colusión y sean sancionadas, eso no las limita a participar en licitaciones futuras, pues la Ley de Adquisiciones no contempla ese proceso, eso sólo le corresponde a la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Al respecto, señaló, se llevan muchos años empujando por modificar la Ley de Adquisiciones para que una sanción por colusión sea causal de inhabilitación.
Hasta ahora el IMSS ha señalado que no pudo limitar la participación de las empresas en los contratos, dado que las empresas cumplieron con los requisitos y no están en el registro de proveedores inhabilitados o sancionados de la SFP.
