Gamaliel lleva 18 años viviendo en el Centro Histórico de la Ciudad de México, cerca del Museo San Ildefonso. Es artista de vestuario y trabajaba en el bar Soberbia vistiendo maniquíes, pero la COVID-19 le arrebató ese empleo. Debe tres meses de renta, la casera le daba otros tres meses para salirse. Tras una negociación, le dio hasta enero para cerrar el ciclo y dejar ese departamento en un edificio de 300 años con techos de cuatro metros.
Aunque trató de asesorarse legalmente, no encontró otra alternativa. Mientras halla otro hogar la casera no le cobrará la renta. Se siente agradecido por ello. No es la primera vez que le debía. El año pasado enfermó de cáncer, se endeudó para atenderse y le debió medio año de alquiler, lo cual ya saldó tras curarse.
“De repente me quedé sin trabajo. Siento feo, me piden entregar y no se me hace justo”, dijo. Ahora obtiene ingresos vendiendo caretas en su Instagram (@gamaliel.i) por 50 pesos. Sus vestuarios e indumentaria se han apreciado en el Desfile de Día de Muertos, en la ceremonia de inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014 y en personalidades como Shakira. “He crecido mucho en este lugar y trato de buscar algún apoyo. He pensado en esta cuarentena qué voy hacer, quiero verlo positivo, como un cambio. Le he metido mucho dinero, aunque necesita mantenimiento”.
El artista contaba con contrato escrito con la inmobiliaria Encor. Pero el 59 por ciento de las personas que rentan una vivienda en México no cuenta con un contrato escrito de arrendamiento que les garantice certeza jurídica por lo que se les puede tratar como invasores, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Frente a la ola de desalojos por la crisis económica y sanitaria, organizaciones civiles presentaron una iniciativa ante el Congreso de la Ciudad de México para impedir desalojos en los casos en los que no haya un contrato escrito, al menos hasta que no se subsane esa ausencia. Dado que el Código Civil es facultad de cada entidad, llaman a los Congresos estatales a adecuarlos a su situación.
En México ya había una crisis de arrendamiento por desalojos forzosos e ilegales sin orden judicial por una legislación “laxa”, corrupción de “mafias inmobiliarias”, acoso inmobiliario, gentrificación o alza desproporcional de precios de la renta, pero ahora la vemos “subir arriba de las rodillas”, les dijo el especialista en derecho a la vivienda Carlos Escoffié a los legisladores e inmobiliarios en un foro virtual sobre vivienda en tiempos de la COVID-19.
El derecho a la vivienda es el derecho a no quedarse en la calle. Pero, a manera de fotografía, en los primeros dos meses de la pandemia se detectaron al menos 56 desalojos solo en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) que afectaron a 256 personas, en los cuales el 59 por ciento ya no podían pagar la renta, solo 25 por ciento tenía contrato y el 56 por ciento no logró negociar con el dueño, sondeó la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL), el Movimiento Urbano Popular, académicos y la Plataforma Vecinal 06600.
“Creemos que los casos de desalojos [con orden judicial] van a empezar a darse a partir del primer o segundo mes que abran los tribunales”, dijo Sergio González de la Plataforma Vecinal 06600, víctima de desalojo en la colonia Juárez en la época previa al coronavirus y uno de los impulsores de la iniciativa “por el abuso en el suelo urbano” del boom inmobiliario. “Lo que tenemos registrado hasta ahora son más casos del tipo presión”.
El riesgo de desalojo acorrala al 15 por ciento de las personas en el país (unas 18 millones) que rentan la vivienda que habitan (25 por ciento en la Ciudad de México), quienes pueden destinar hasta el 61 por ciento de sus ingresos en el pago de la renta, muestran datos del Inegi. Aunque lo ideal es no gastar más del 30 por ciento del salario.
“Ni la iniciativa ni las personas que la sugerimos negamos que sea lícito pedir el desalojo de alguien que incumple en el pago de la renta. Muchos desalojos se realizan de conformidad con lo establecido en la legislación y en el pleno ejercicio de los derechos de las personas propietarias. Pero no podemos ser ingenuos: la falta de contratos escritos ha permitido abusos, ilegalidades y atropellos a los derechos de propietarios y de inquilinos”, aseguró Escoffié, director del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey y uno de los promotores de la iniciativa.
Desalojo en la Colonia del Valle en la Ciudad de México registrado en octubre de 2019. Foto: Cuartoscuro.
Hasta el momento, de mil 954 personas de 469 hogares de la ZMVM que tienen la necesidad de una vivienda alternativa, el 41 por ciento es por no poder pagar la renta; y un 47 por ciento de 703 viviendas con 2 mil 812 personas enfrenta dificultades para pagar los servicios básicos (agua, luz gas) a partir de la crisis sanitaria, de acuerdo con una encuesta realizada por las organizaciones promotoras de la iniciativa. Las autoridades no han emitido información oficial. La encuesta también reveló que 118 hogares con 538 personas han sido presionados por propietarios durante la contingencia para dejar su vivienda, de los cuales 40 terminaron en desalojo.
“La iniciativa –aunque se queda corta– busca acabar con un problema estructural de ilegalidad y de falta de certeza jurídica”, agregó el abogado Escoffié, por lo que también propone presencia de personal de asistencia social en la diligencia de desalojo para atender a adultos mayores, niños, niñas, personas con discapacidad o indígenas porque puede resultar en un trauma psicológico; y plantea que después del desalojo reciban asesoría oficial para contemplar alternativas para evitar situación de calle.
Las organizaciones civiles alertaron que, como México no cuenta con ningún plan para prevenir y mitigar la crisis de vivienda que se avecina y ya está empezando, muchas otras familias y personas perderán su vivienda por el desempleo y pérdida de ingresos por la COVID-19, tendrán que moverse a otros barrios en condiciones adversas o más desfavorables a las actuales e incluso, como ya pasa, se refugiarán en parques. Ahí la importancia, más allá de la iniciativa, de no hacer desalojos durante el semáforo rojo regional cuando se recomienda quedarse en casa.
