El pasado 22 de julio el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció que enviará al Congreso de la Unión la iniciativa de reforma del artículo cuarto, en el que se establece el derecho a una pensión a los adultos mayores para cubrir sus gastos durante la vejez, y pretende modificar el sistema de pensiones en México.
De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) México, hasta su última actualización del 19 de mayo, cuenta con unas 57,328,364 personas que forman parte de la Población Económicamente Activa (PEA).
Sin embargo, de las más de 57 millones de personas, casi 14 millones, es decir, el 24% representa al grupo que resultaría beneficiado por la reforma, ya que cotizan bajo la ley anterior del sistema de pensiones de 1997.
Durante un webinar organizado por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Guillermo Zamarripa, integrante de la Comisión de Seguridad y Pensiones del CCE, expuso que la PEA se divide cuatro: 60% se dedica al trabajo informal, 24% de personas que cotizan bajo la ley de 1997, 12% que tiene aún el régimen de 1972 y 4% que trabajan para el gobierno.
Según Carlos Salazar Lomelín, presidente del CCE, la iniciativa es “total y absolutamente necesaria” ya que “la tasa de recuperación de su salario era de 30 por ciento de su salario y no era suficiente para cubrir sus necesidades” (Foto: Rodolfo Angulo/Cuartoscuro.com)
Según Carlos Salazar Lomelín, presidente del CCE, la iniciativa es “total y absolutamente necesaria” ya que “la tasa de recuperación de su salario era de 30 por ciento de su salario y no era suficiente para cubrir sus necesidades” (Foto: Rodolfo Angulo/Cuartoscuro.com)
“En términos de costo fiscal de pensiones, el menor costo esperado es el que corresponde a los trabajadores del sector privado de la Ley de 1997 y el mayor, el de los esquemas de gobierno. La propuesta se concentra en resolver sólo un problema de pensiones: el de los trabajadores que empezaron a trabajar después de 1997”, señaló el integrante de la Comisión de Seguridad y Pensiones.
Además resaltó que la iniciativa de reforma no incentiva a la informalidad ya que aunque las empresas absorberán el costo, comenzarán a aplicar las aportaciones desde 2023 hasta un periodo de diez años más; y que para las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) tampoco significará un gran costo debido a que el costo social que aporta el gobierno federal cubrirá a trabajadores con menos de tres salarios mínimos.
Por su parte, Carlos Salazar Lomelín, presidente del CCE, comentó que la iniciativa presentada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es “total y absolutamente necesaria”, pues el sistema pensionario regresaba un monto “verdaderamente frustrante”, ya que “la tasa de recuperación de su salario era de 30 por ciento de su salario y no era suficiente para cubrir sus necesidades”.
Además señaló que la reforma propuesta es la iniciativa “más saludable” para incrementar las pensiones de los trabajadores, aunque afirmó que “no es la reforma perfecta, pero es la reforma que se puede en estos momentos”.
Esta iniciativa anunciada por SHCP trabaja principalmente sobre tres ejes: que la aportación total para el retiro crecerá de 6.5% al 15% del salario; la propuesta a reducir de 1,250 a 750 semanas el requisito para obtener una pensión garantizada; e incrementar el valor de la pensión un 40% respecto a su último salario recibido antes del retiro.
En la conferencia matutina del pasado miércoles, Arturo Herrera Gutiérrez, secretario de Hacienda, explicó que el proyecto de la pensión garantizada pretende incrementar su cobertura del actual 34% a un 82% de los trabajadores en el país, también especificó que “la edad mínima sigue siendo 60 años, pero se necesitan únicamente 15 años de cotización y el monto de la pensión será del monto ahorrado y de las semanas que haya trabajado”.
