La Jueza de Distrito en materia de amparo penal de la Ciudad
de México, Sandra Leticia Robledo, admitió un amparo contra la
negativa de la Fiscalía General de la República (FGR) de reconocer
el carácter de víctima de la organización Tojil (del maya,
lo justo) en el caso del extitular de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya
Austin, figura por la que busca coadyuvar en el proceso para
evitar impunidad.
“La decisión de que los ciudadanos podamos intervenir
y evitar irregularidades en el caso Lozoya se encuentra en manos del
Poder Judicial Federal”, informó la organización civil cofundada por las
abogadas Adriana Greaves Muñoz y Estefanía Medina Ruvalcaba. “Pese a que el
Fiscal General [Alejandro Gertz Manero] muy brevemente ha informado a la
sociedad del avance del caso, esto no es suficiente para que las víctimas de
corrupción vigilen el actuar de las autoridades a cargo y colaboren en que se
cumplan con los derechos de verdad, justicia y reparación“.
La entonces Procuraduría General de la República (PGR)
también les negó en 2018 el carácter de víctima en el caso del exgobernador de
Veracruz, Javier Duarte de Ochoa (2010-2016), por lo que se llevó a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El expriista fue detenido en 2017 en
Guatemala. Luego de ser extraditado se le detuvo en el Reclusorio Norte, sin
embargo, logró el acuerdo de procedimiento abreviado a cambio de una reducción
de la pena, razón por la que Tojil pidió intervenir al tratarse de una red de
corrupción.
El extitular de Pemex Emilio Lozoya Austin es señalado por
asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero.
Lozoya Austin es señalado por asociación delictuosa, cohecho
y lavado de dinero por los sobornos de 10 millones de dólares de la
constructora Odebrecht para financiar las elecciones de Enrique Peña Nieto en
2012, a cambio de contratos como la compraventa de la planta chatarra
AgroNitrogenados a Altos Hornos de México (AHMSA). La semana pasada el acusado
denunció ante la Fiscalía al expresidente y al exsecretario de Hacienda, Luis
Videgaray Caso, por su relación con el histórico caso de corrupción en América
Latina.
En entrevista, la abogada Adriana Greaves expuso que si
Tojil obtiene el carácter de víctima para coadyuvar con el Ministerio Público
(con pruebas, peritajes, control judicial) e impiden que la Fiscalía dé el
criterio de oportunidad a Lozoya Austin (por colaborar con información),
alcanzaría una sentencia de 20 a 25 años acorde al daño que hizo al erario
público.
De lo contrario, si se comprueba la información que ha
otorgado a la Fiscalía sobre más implicados, se le exoneraría, “lo cual se nos
hace gravísimo, porque no fue una herramienta, sino que planificó y se vio
directamente beneficiado por este daño”. Su esposa, la heredera de Grupo
Eckes-Granini, Marielle Helene Eckes, adquirió una residencia con vista al
mar en el condominio exclusivo Quinta Mar en Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero, por
1.9 millones de dólares a través de un abogado en 2013. Ella, al igual que su
hermana Gilda Lozoya, son buscadas por la justicia por complicidad. Su madre
Gilda Austin está en prisión domiciliaria en la Ciudad de México.
Además, observó la abogada Greaves, el criterio de
oportunidad no se puede dar si el caso es de interés público y uno de los
requisitos es que se repare el daño (que regrese el dinero robado y señale a
los otros participantes de la red).
“En todos los sentidos ha tenido un trato privilegiado
cuando es un caso donde no debería haber el criterio de oportunidad. La defensa
está utilizando una estrategia de generar empatía y la Fiscalía está cayendo.
Lo ven como ‘nuestro amigo colaborador’ y que gracias a él darán con el villano
más villano, cuando [Lozoya] fue parte de la cúpula del poder, planeó y ejecutó
en el desvío de recursos; se nos olvida que él directamente recibió los
sobornos y se vio beneficiado”, afirmó Greaves.
“El actuar de la Fiscalía ha sido muy pobre e ineficiente en
el caso Rosario, Collado [abogado de la élite política del peñismo], Lozoya y
Duarte. Se pinta como una persecución política porque no está abriendo las
investigaciones más a fondo, no está desarticulando las redes de corrupción ni
está recuperando el dinero robado”, aseguró.
Extitular de Sedesol y Sedatu comparece ante el Congreso en
octubre de 2018. Foto: Cuartoscuro.
La semana pasada, el Fiscal Alejandro Gertz insinuó que la
exsecretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles
Berlanga, sigue presa en el Reclusorio Sur porque no ha aceptado señalar a los
otros implicados en la triangulación de recursos públicos a universidades
estatales y empresas fantasma. En sus palabras, “no ser solidaria con el Estado
Mexicano”.
Tojil junto con Mexicanos contra la Corrupción y la
Impunidad (MCCI) presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la
República, por la posible comisión de delitos de corrupción cometidos por
funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Sedatu y
particulares revelados por la Estafa Maestra.
La organización Tojil impulsa el carácter de víctima, ya
que, explicó la abogada Greaves, los recursos públicos a los que todos
contribuimos por impuestos deben ser administrados de manera correcta para que
el Estado preste servicios públicos de justicia, salud, educación, desarrollo y
economía de manera eficaz.
“Los delitos de cohecho (sobornos) y de corrupción no
afectan a una persona en lo individual, sino a la colectividad, a los que no
les llegan programas sociales, medicinas, escuelas, transporte público o
seguridad. Todos nos vemos afectados por la corrupción”, dijo.
Por lo que esperan que los jueces concedan el amparo en el
caso Lozoya, que la Fiscalía no lo recurra, como pasó en el caso Duarte, y
puedan participar activamente para darle la transparencia y seguimiento que se
merece para evitar irregularidades. “Sin embargo, si la Fiscalía sigue cerrando
la participación ciudadana, nos iríamos hasta las últimas instancias”, estimó
Greaves.
Fuente: Sim embargo
