Los militares, por un tema de seguridad nacional, siempre han construido sus propias instalaciones a través de sus Batallones de Ingenieros, pero no habían sido requeridos para obras civiles de gran calado. Desde 2015, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que es ilegal que la Sedena se dedique a labores de construcción ajenas a la función militar.
Sin embargo, en la actual Administración los militares han tenido que especializarse en el triturado de piedra, el colado de columnas y trabes, acarreo de materiales desde Texcoco, tendido de concreto, excavación de cepas, en el aplanado y el acabado.
En Santa Lucía, la Sedena emplea unos dos Batallones con un total de 938 elementos para la construcción del Aeropuerto Internacional "Felipe Ángeles" (AIFA), que hasta el 8 de julio reportó un avance del 24 por ciento, según en el encargado del proyecto, el General Gustavo Ricardo Vallejo.
En otro frente, el Alto Mando utiliza a otro Batallón de Ingenieros y su respectiva tropa para la edificación de 81 cuarteles de la Guardia Nacional, de los cuales, supuestamente lleva terminados 79 con un costo de mil 561 millones de pesos.
No obstante, en las giras del Presidente Andrés Manuel López Obrador a las entidades donde ha inaugurado dichos cuarteles, los guardias nacionales han reprochado a REFORMA que no cuentan con servicios como agua y luz, y que requieren de trabajos de drenaje y mobiliario.
"El Ejército constructor" también emplea a un millar de efectivos en todo el País para la construcción de 2 mil 700 sucursales del Banco Bienestar, de las cuales mil 350 están proyectadas en 2020 con un costo de 5 mil millones de pesos.
No obstante, hasta mayo pasado el Gobierno federal reportó un avance del 12 por ciento con la construcción de apenas 350 sucursales.
Por sí fuera poco, para hacer frente a la pandemia por el Covid-19, la Administración federal también encargó a la Defensa Nacional reconvertir 32 hospitales del Insabi para la atención de pacientes graves y críticos, por lo que la dependencia castrense jaló de sus filas a otros 450 militares para realizar ese trabajo con el apoyo de particulares.
El Ejército también está considerado por el Gobierno de la 4T para construir dos tramos grandes del Tren Maya, una vez que los soldados terminen con el Aeropuerto de Santa Lucía, programado para su entrega el 21 de marzo de 2021.Suman en aeropuertos una mala experiencia Para la construcción del AIFA en Santa Lucía, el Ejército también tuvo que desplegar a sus efectivos zapadores a la obra abandonada del Nuevo Aeropuerto de Texcoco, pero ahora para extraer el material reutilizable para la nueva terminal aérea cívico-militar.
Los zapadores en el Ejército son los militares encargados de abrir trincheras y arreglar los caminos para el paso de las unidades castrenses.
En la Administración anterior la Sedena fue contratada para instalar la barda perimetral del llamado NAIM (Nuevo Aeropuerto Internacional de México). A la postre la ASF encontró una serie de irregularidades en el contrato, pues indicó que la dependencia no tenía la capacidad física para ejecutar la obra, por lo que subcontrató a particulares para realizar alrededor del 80 por ciento del trabajo, lo que fue una violación a la ley.
Además, la ASF encontró irregularidades por 328.2 millones de pesos en pagos por sobrecosto, retrasos en la obra y empleo de malas técnicas constructivas.
La práctica de adjudicar obras a la Sedena fue implementada en el sexenio pasado también para construcciones de oficinas para el SAT y el Consejo de la Judicatura Federal.
Las adjudicaciones cesaron luego de que, en marzo de 2015, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) cuestionó la legalidad de que Sedena actúe como contratista de obras públicas, amén que no había evidencia de que sus precios fueran menores a los de las empresas privadas.
Sin embargo, para la construcción de Santa Lucía, la Sedena tuvo que requerir de particulares, de entrada, para el acarreo de materiales desde Texcoco a Santa Lucía, pues no cuenta con el número de camiones de volteo necesarios.
El teniente zapador Héctor Raúl Millán es responsable del filtro multicarril de la puerta 8 del Polígono de Texcoco (ex NAIM) donde ingresan 600 unidades al día para ser cargadas con material pétreo. El militar se capacitó para revisar de manera minuciosa las condiciones de los camiones de la agrupación Sindicatos Unidos por la Transformación de México.
Los filtros militares inspeccionan llantas en buen estado, que el conductor viaje solo y sin alcohol o estupefacientes, y que la unidad cuente con equipo de protección civil y primeros auxilios.
Fermín Serafín, capitán zapador, coordinador del acarreo del material pétreo en Texcoco, vuelve a tomar registro de los camioneros que ingresaron por la puerta 8 y después son enviados a los bancos de tezontle y de trituración de basalto para obtener arena, grava y base hidráulica, donde las maquinaria de empresas privadas se encargan del cargado de las unidades, bajo la vigilancia militar.
Los tractocamiones cargados salen por la puerta 14 del Polígono de Texcoco, a cargo del subteniente zapador Eduardo Ramírez Pelayo, responsable del destacamento de seguridad, donde los camioneros son nuevamente inspeccionados antes de partir a Santa Lucía.
El teniente coronel ingeniero constructor Mario Acevedo Hernández, jefe de la Mesa de Acarreos del Agrupamiento de Ingenieros, explicó en un video institucional que el empleo de los materiales del Polígono de Texcoco beneficia el presupuesto de la obra del nuevo aeropuerto.
"Los materiales entran con costo cero a Santa Lucía, afectados solamente por los gastos de traslado, la Sedena ratifica su compromiso de ejercer de manera transparente y responsable el presupuesto de la obra, que son recursos del Estado, sin permitir que grupos con intereses ajenos obtengan ganancias ilícitas, así como reutilizar la mayoría de materiales del Polígono de Texcoco para evitar dispendio de recursos", dijo el mando militar.
A la par de la construcción de la pistas, plataformas y rodajes, el edificio principal y la torre de control, la Defensa Nacional realiza obras dentro del mismo complejo de Santa Lucía para sus tropas, de instalaciones que tuvieron que ser reubicadas por el AIFA.
Éstas son la Base Aérea Militar 1, la 37 Zona Militar, Unidades Habitacionales Militares, un Centro De Desarrollo Infantil y la Escuela Militar de Materiales de Guerra.
La Sedena también se hace cargo de la interconexión vial con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
De acuerdo con el instituto armado, para los trabajos de construcción del "Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, Obras de Interconexión y Reubicación de Instalaciones Militares" utiliza a 3 subagrupamientos con 10 grupos de Ingenieros para la Terminal aérea, 6 para la reubicación de Inmuebles castrenses y uno más para la interconexión con el AICM.
La Sedena estableció que la obra ha generado 32 mil 229 empleos civiles, de los cuales 18 mil 338 mil son trabajadores que apoyan de manera directa la construcción del AIFA.
El Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el 19 de marzo la creación de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria Aeropuerto Internacional "Felipe Ángeles" (AIFA) S.A. de C.V. y la Nota de Creación y Estatutos Sociales.
Dicha empresa estatal, con mandos militares, operará, administrará y explotará el AIFA, según lo proyectado.
La Nota de Creación y Estatutos Sociales fue entregada a la Secretaría de Hacienda para su deliberación. Un particular pidió vía Transparencia conocer el contenido de esa normatividad.
La Sedena reservó esa información por cinco años ante el riesgo de que grupos opositores a la 4T entorpezcan o demoren el proceso deliberativo y la resolución para crear una empresa con mando militar para administrar el Aeropuerto de Santa Lucía.
"La divulgación de esta información representa un riesgo real, en razón de que podría ser utilizada por los grupos opositores del actual gobierno, así como entorpecer y demorar el proceso deliberativo y la resolución correspondiente", argumentó la Sedena en el apartado "Riesgo Demostrable" en la resolución de información reservada.
El oficio CT/RIR/100820/252-2020, firmado el 10 de junio por el Oficial Mayor de la Defensa Nacional y presidente del Comité de Transparencia, General de División Agustín Radilla, se explicó en el apartado de "Riesgo real" que la Nota de Creación y los Estatutos contienen datos consistentes en la "emisión de puntos de vista" que analizan los funcionarios del Estado Mexicano en materia aeronáutica y aeroportuaria y en la deliberación de crear una empresa estatal mayoritaria.Van lento Bancos En enero el Presidente Andrés Manuel López Obrador comprometió al Ejército a construir 2 mil 700 sucursales del Banco del Bienestar en todo el País, de las cuales mil 350 estarán terminadas este año.
Esas "pequeñas sucursales", para la gente que recibe apoyos federales retire su dinero, fueron proyectadas en 5 mil millones de pesos.
Hasta mayo pasado, el Gobierno federal reportó un avance del 12 por ciento con la construcción de apenas 350 sucursales.
Sin embargo, en un reporte entregado vía Transparencia y fechado el 22 de mayo, la Sedena informó que sólo había construido 22 sucursales, que se encontraban el proceso de edificación 303 y pendientes de construir otras 103, es decir un total de 431 y no las mil 130 anunciadas por López Obrador.
En ese mismo documento, la Sedena no encontró una evidencia documental para argumentar el atrasado en la construcción de las sucursales ni presentó la legalidad de los terrenos o espacios donde las va a instalar.
En otra respuesta de información, fechada el 25 de marzo, la Sedena indicó que estaba construyendo 53 sucursales.
De acuerdo con el plan estaban en obra 9 en Chiapas; 6 en Tabasco; 5 en Michoacán; 4 en Puebla, Hidalgo y Tamaulipas; 3 en Jalisco y Edomex; 2 en Chihuahua, Guanajuato, Nuevo León, Sinaloa y Tlaxcala, y 1 en Durango, Oaxaca, SLP y Veracruz.
No obstante, el 20 de junio, el ex director general del Banco del Bienestar, Rabindranath Salazar, informó que de las 2 mil 700 sucursales, 72 ya estaban terminadas y 427 más "estaban casi concluidas" por la Sedena, lo que no coincide con lo establecido por la institución militar en sus respuestas de información. Hospitales Covid Para hacer frente a la pandemia por el Covid-19, el Presidente López Obrador también se apoyó en los soldados para reconvertir 32 hospitales del Insabi, para la atención de pacientes graves y críticos.
La Sedena jaló de sus filas a otros 450 militares para realizar ese trabajo con el apoyo de particulares. El trabajo no fue sólo de albañilería, pues se requería ampliar espacios, poner piso, adecuar filtros sanitarios, adquirir equipo médico y la instalación de conexiones para aires medicinales.
Las obras de reconversión se extendieron para 43 hospitales militares y 49 unidades operativas (cuarteles) para atención del Covid-19 en sus distintas fases.
De acuerdo con una respuesta de información de la Sedena, la reconversión de hospitales se llevó a cabo en tres etapas. En la primera erogó 771.8 millones de pesos para el equipamiento industrial de 62 espacios de terapia intensiva, en la segunda 288.8 millones de pesos para para la adecuación de 19 unidades de terapia intensiva y una tercera por 116 millones de pesos para adecuar el hospital de Morelos "Carlos Calero Elorduy".
Aparte, para hacer frente a la pandemia por el Covid-19, la Sedena también hizo la función de instancia compradora y ha entregado 109 contratos por adjudicación directa por un monto de 3 mil 163 millones de pesos, establece un reporte oficial, entregado también por transparencia y fechado el 10 de julio.
Entre las empresas beneficiadas figuran Centrum Promotora Internacional, investigada por prácticas monopólicas, y Farmacéuticos Maypo, "suspendida" por la 4T por prácticas de influyentismo y no pagar impuestos.
Las compras militares abarcan medicamentos, insumos y bienes para hospitales reconvertidos.
La empresa Farmacéuticos Maypo ganó un contrato de 9.3 millones por medicamentos y Centrum Promotora Internacional otro por 21.5 millones por el servicio de laboratorio, consta en el reporte solicitado vía Transparencia.
Los contratos fueron otorgados en marzo y abril en su mayoría.
El contrato más elevado fue para la empresa Soluciones Integrales en Gestión de Riesgo de Desastre, a la que la Sedena pagó mil 352 millones de pesos por equipo médico.
