La Plataforma Digital Nacional (PDN), diseñada como una herramienta para prevenir y detectar actos de corrupción, no ha logrado funcionar por completo porque no se ha interconectado la mayoría de las autoridades del País.
La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción obliga a las autoridades de los tres niveles de Gobierno, de los tres poderes y a los órganos autónomos a subir la información a la plataforma integrada por seis sistemas.
Uno, declaraciones patrimoniales y de intereses, así como constancia de declaración fiscal; dos, nombres de servidores públicos que intervienen en procedimientos de contratación; tres, servidores públicos y particulares sancionados.
Cuatro, información y comunicación del Sistema Nacional y del Sistema Nacional de Fiscalización; cinco, sistema de denuncias públicas de faltas administrativas y hechos de corrupción, y seis, información pública de contrataciones.
Las autoridades federales debieron interconectarse este año, y para los estados y municipios, la obligatoriedad será a partir de 2021.
Actualmente esta información es generada por las distintas autoridades y se encuentra alojada en distintos sistemas, algunos de ellos públicos; sin embargo, lo que se pretende con la PDN es que pueda generar inteligencia anticorrupción con el cruce de los datos.
Rosa María Cruz Lesbros, presidenta del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), atribuyó a la emergencia sanitaria el retraso en la operación de la plataforma.
"El sistema uno (de declaraciones patrimoniales) a nivel federal estaba previsto para que estuviera operando en mayo, pero con la emergencia sanitaria ha sido un caos", dijo.
Cruz Lesbros explicó que la plataforma ya tiene información en tres de los seis sistemas: en compras públicas -con información de 2017 a 2019-; en listado de los servidores públicos involucrados en contrataciones, y en los nombres de funcionarios y particulares sancionados.
Para Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, no tener operando al 100 por ciento la plataforma significa desaprovechar una herramienta indispensable para combatir redes de corrupción.
"Cuando muchos actores no quieren que funcione una herramienta es porque la herramienta revelaría algo y la pregunta es qué revelaría.
"Si aparecerían nombres que no deberían de aparecer, desde el punto de vista político, por ejemplo", señaló.
