Carlos, de 12 años, salía de una tienda de abarrotes ubicada en una de las alcaldías más peligrosas de la Ciudad de México. El menor alto y de complexión delgada caminaba con un kilo de huevos en mano, encargo de su madre, cuando cuatro jóvenes se le acercaron. “Oye, ¿quieres trabajar con nosotros?”, le cuestionó uno de ellos. Eran cerca de las 15:00 horas de un día de noviembre. Había pasado unos días del hallazgo de los dos menores descuartizados en el centro de la capital del país.
Carlos, nombre ficticio que se le dio al niño por su seguridad, tuvo miedo al ver a los hombres que lo abordaron creyó que lo iban a golpear o robar. Convencido que podría ser atacado, se echó a correr hasta llegar a su domicilio en un edificio de la colonia San Felipe de Jesús en la Alcaldía Gustavo A. Madero. Su miedo no estaba infundado: sucesos así pasan todos los días.
El menor le contó a su madre, la señora Irma, lo que le había pasado. La mujer de inmediato se asomó por la ventana y desde ahí vio a ese grupo de sujetos que habían seguido a su hijo; desde entonces, no lo deja salir a ninguna parte si no es en compañía de un adulto.
Irma, aunque no tiene certeza de las intenciones de aquellos hombres, está segura que no eran buenas. No descarta que quizá querían robarle, pero ella piensa que incluso a su hijo trataron de “vincularlo o meterlo a algo malo”.
“Esta colonia es peligrosa, en las noches se escuchan balazos y dicen que el Cártel Jalisco ya anda aquí”, contó la señora.
Esa misma semana cuando los sujetos se acercaron al niño Carlos ocurrió un hecho similar, pero en otra colonia cercana: San Juan de Aragón.
Un grupo de jóvenes, de entre 17 y 19 años, salían del deportivo Los Galeana cuando sujetos los interceptaron y les hicieron la misma pregunta: ¿Quieren trabajar con nosotros? Los hombres les generaron desconfianza y respondieron que no, pero fueron sujetados y comenzaron a golpearlos. Les quitaron sus celulares y huyeron. Todo a plena luz del día.
La noticia del asesinato y descuartizamiento de dos niños mazahuas, de 12 y 14 años de edad, que se encontraban desaparecidos y cuyos restos eran trasladados por otro menor de 14 años, sacudió y consternó a varios sectores de la sociedad mexicana.
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Las autoridades informaron que Alan y Héctor, como fueron identificados, habían sido víctimas del crimen y se presumía la participación de la Unión de Tepito, una organización delictiva que opera en el centro de México. Fue así como el caso volvió a poner el ojo público en el reclutamiento de los menores por parte del crimen organizado, fenómeno del cual, especialistas como la Red de Derechos por la Infancia (Redim) asegura que no es nuevo y se ha desarrollado desde el inicio de la guerra contra el crimen organizado que emprendió el expresidente Felipe Calderón Hinojosa.
“Lo que estamos viendo en el Centro Histórico, en la Ciudad de México, es una expresión de lo que ya venía caminando y construyéndose desde hace muchos años”, aseguró Juan Martín Pérez, director de Redim.
La violencia en el país merma en el desarrollo de la niñez en México. Foto: Cuartoscuro
“SON DESECHABLES”
Los niños, niñas y adolescentes reclutados, ya sea por seducción, involucramiento desde el territorio o de manera forzada, son aquellos que están en desprotección, algunos que no acuden a la escuela, que tienen contextos familiares complicados o muy deteriorados, carecen de redes positivas y pueden estar en escenarios del crimen organizado donde este tiene control territorial.
Los tipos de reclutamiento, de acuerdo con Redim, son: el de hijos y familiares de personas vinculadas a la delincuencia organizada, quienes tienen contacto cotidiano con ambientes delictivos en la zona donde viven y los que son plagiados para ponerlos a trabajar dentro de la organización criminal.
Juan Martín Pérez disintió con la hipótesis que apunta a que los pequeños son atraídos a las filas del crimen porque son entes inimputables, es decir que salen rápido de la cárcel y no son tratados como adultos en los procesos penales. “Este discurso que lo hemos escuchado mucho es, además de adulto céntrico, totalmente ingenuo”, dijo.
Los grupos criminales, expresó, utilizan a los niños, niñas y adolescentes porque son desechables, “no están pensando en construir escuelas criminales con niños para que después sean los líderes que coordinen el crimen en el futuro”, detalló.
La labor que desempeñan es de informantes, vigilantes o mensajeros; un segundo tipo, sobre todo en varones adolescentes, es que son explotados en laboratorios, en la siembra, procesamiento y empaquetado de drogas.
En diversos estados, los adolescentes y personas jóvenes son colocadas en los círculos o cercos de seguridad, los primeros que reciben el golpeteo de los operativos de las fuerzas de seguridad mexicana.
“Los llegan a usar más bien para detener el avance de las fuerzas de seguridad y el Ejército y son a los que asesinan para que los adultos se escapen. Son ellos siempre a los que dejan en esta línea de batalla”, dijo.
En zonas como la frontera norte, ejemplificó, el alistamiento lo realizan grupos que controlan el tráfico de personas “Los usan para llevarlos por el desierto y claramente bajo la lógica desechable, si se mueren o los detienen no pasa nada”.
En casos como en la Ciudad de México, que tiene el mayor mercado de consumo del país, son usados como distribuidores o mensajeros.
Muy pocos infantes están involucrados en términos del sicariato debido a que no son confiables por la edad y porque su complexión y fuerza no soporta no solo cargar, sino disparar las armas de alto poder, pues el retroceso de los fusiles de asalto, sobre todo automáticos, es potente y su complexión física no lo soporta.
“Sin embargo, sin importar estas cosas extremas, como portar un arma, todos sí son testigos de la barbarie, torturas, asesinatos, mutilaciones. Sí están siendo expuestos y victimas a estas expresiones de violencia extrema”.
La esperanza de vida de estos jovencitos es muy pequeña, de no más de tres años, porque al participar en actos criminales, además de estar en un alto riesgo, también son testigos.
“Este reclutamiento se da porque están desprotegidos y son desechables y lamentablemente el estado mexicano no ha querido reconocer esto en términos de datos, presencia e impacto en el país”, insistió.
DEJARON CRECER EL PROBLEMA
Las autoridades locales, regionales e incluso federales por muchos años negaron la presencia operativa de los grandes cárteles de la droga en la capital. Lo más que reconocían era la existencia de grupos delincuenciales o células delictivas.
Sin embargo, diversos sucesos, como el asesinato de los menores mazahuas, han mostrado y puesto en evidencia la operatividad de poderosos cárteles de la droga. Además, el ataque inédito perpetrado en contra del Secretario de Seguridad Ciudadana capitalina, Omar García Harfuch, que dejó al funcionario herido y tres personas muertas, reveló la capacidad operativa y de armamento que tiene el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la Ciudad de México.
Víctor Manuel Sánchez Valdés, doctor en Políticas Públicas por el CIDE y especialista en seguridad pública, destacó que los grandes cárteles de la droga han estado en la Ciudad de México desde hace varios años.
“Prácticamente todos los cárteles importantes del país tienen representantes en la ciudad y por eso esporádicamente se oye un asesinato de una y otra persona vinculada a un cártel”, dijo a SinEmbargo.
La información que ahora reconoce el Gobierno de la Ciudad de México aún es conservadora: al menos seis células del crimen organizado son las que operan en la capital del país, según dijo el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx), Omar García Harfuch, el pasado 10 de noviembre. Estas organizaciones criminales se dedican en su mayoría a la venta y distribución de droga, despojo de inmuebles, homicidios por cargo, y extorsión en la modalidad de “gota a gota”.
Juan Martín Pérez destacó que el silencio institucional que mantuvieron las autoridades se convirtió en un manto de protección para que los grupos criminales fueran cooptando a las autoridades.
“Ya veníamos alertando de este reclutamiento masivo, de desaparición de personas adolescentes, hemos estado alertando, haciendo llamados, tocando todas las puertas y nos han ignorado”.
El caso de los dos menores asesinados, expuso el defensor, es un mensaje expreso del crimen para mostrar control territorial, como lo han hecho desde el 2011, usando a niños, mutilando sus cuerpos y exhibiéndolos públicamente.
“Hemos insistido que las autoridades de la Ciudad de México no pueden hacerse las sorprendidas ahora porque son las mismas que han gobernado todo el tiempo: los funcionarios que ahora acompañan a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, son los mismos que han estado antes, incluso ahora en tareas federales, y sabían de la existencia de este fenómeno”
Los cárteles empezaron a reclutar a jóvenes porque estas organizaciones ya tenían a personas para el traslado, cuidar la cosecha y laboratorios, pero no para enfrentar una guerra que había lanzado el Gobierno de Calderón: “y como no podían convocar públicamente a personas, empezaron a reclutar de manera forzada”.
En ese entonces, en el 2010, la Redim estimó en un informe enviado a las Naciones Unidas que al menos 30 mil menores eran reclutados al año por el crimen organizado.
Alfonso Durazo, exsecretario de Seguridad de Andrés Manuel López Obrador, cuando la administración estaba por empezar, dijo que había al menos 460 mil adolescentes y personas jóvenes reclutadas por el crimen organizado, pero que en ese momento no había “hay información oficial o estudio que nos pueda corroborar ese dato”. Eso lo dijo durante uno de los foros escucha previo a que la Cuarta Transformación tomara formalmente posesión al cargo. Luego de ello, en los dos años que duró como titular de la SSPC, jamás volvió a tocar el tema y la dependencia se negó a dar información.
De 126 mil 224 delitos registrados en las causas penales que fueron ingresadas a los Poderes judiciales de los estados durante el 2019, al menos 5 mil 377 (el 4.3 por ciento) es de adolescentes, de acuerdo con el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2020 del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).
El informe detalla también que, en el país durante el 2019, al menos 5 mil 227 adolescentes fueron procesados por causas penales ingresadas en materia penal y justicia para adolescentes; de estos, 4 mil 670 son varones y 557 son mujeres.
La Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes que entró en vigor el 16 de junio de 2016, establece que sólo los menores que hayan cometido delitos realmente graves y de alto impacto –homicidio doloso, feminicidio, homicidio, secuestro, delitos federales– podrán ser recluidos a un centro de readaptación.
En México al menos 1 mil 445 adolescentes y jóvenes menores de edad, se encuentran en los 45 centros de internamiento para menores en conflicto con la Ley que se encuentran en funcionamiento; de estos al menos 1 mil 237 (86 por ciento) son hombres y 208 (14 por ciento) mujeres, de acuerdo a los datos oficiales que publicó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) este año.
“De este universo, al menos 431 (30 por ciento) se encuentran sujetos a procedimiento y 1 mil 014 (70 por ciento) cumplen una medida de tratamiento; asimismo, 1 mil 362 (94 por ciento) de ellos están internados por hechos que la ley señala como delitos del fuero común y 83 (6 por ciento) por hechos que la ley señala como delitos del fuero federal”, detalló el organismo derechohumanista.
Desde que se localizaron los restos de los niños Alán y Héctor en el centro de la Ciudad de México, se pusieron en marcha dos operativos, uno de ellos denominado “Móvil Primer Cuadro”, en el que participan 110 elementos de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial.
Además, el Gobierno de la Ciudad de México lanzó el programa “Barrio Adentro”, con el cual, por medio de actividades y ofrecimiento de programas sociales busca “prevenir la cooptación de niñas, niños y adolescentes en actividades delictivas”.
Redim denunció que las autoridades del país tanto locales, estatales y federales se han limitado sólo a atender el problema con “bomberazos” y de manera superficial, pues dijo que solo detienen apersonas concretas, pero no tocan y no combaten a las redes de macro criminalidad. Además, la organización también denunció que el Estado mexicano ha mantenido en desprotección a niñas, niños y adolescentes, sin una política pública real enfocada a la protección de la niñez.
Pérez García aseguró que de los 25 proyectos prioritarios que el Presidente Andrés Manuel López Obrador estableció para su sexenio, no se prioriza, ni atiende atiene a niños, niñas y adolescentes; el único son las becas Benito Juárez, pero estas no sirven si no están en el marco de una política pública.
“Lo que podemos ratificar es que hay simulación o claramente ingenuidad, porque los grupos criminales pueden dar más dinero que 800 pesos mensuales (becas). Por el contrario, lo que sí estamos viendo en esta administración es el desmantelamiento de lo poco que había”, dijo.
El especialista insistió que a pesar de las constantes manifestaciones y expresiones de inquietud que han mostrado por el reclutamiento de menores al crimen, no se ha reconocido su carácter de víctimas, es decir, que no se ha tipificado este delito en la Ley; en contraste, dijo, lo que ha ocurrido el paso de los años han sido criminalizados por el Estado.
Para el director de Redim el Estado tampoco ha brindado alternativas de escape a los niños que ya fueron capturados por la delincuencia, pues no existen programas de desvinculación que les permita resignificar lo que han vivido.
“A estos niños los rompen, no solo con tortura en su cuerpo, sino a ellos mentalmente: torturando, mutilando y siendo testigos de muchas cosas de barbarie. Esos niños y niñas claramente tendrán problemas de salud mental y requerirán de tratamiento profesional específico que no existe, porque no se les reconoce como víctimas y no se les reconoce para reinserción social y lo que ha hecho el Estado, sin importar la administración – lo hizo Calderón, Peña Nieto y lo está haciendo Andrés Manuel– es que les sale más fácil, desde la necropolítica que los asesinen a que se reconozca que se tiene que invertir en ellos y tratarlos como víctimas”.
Finalmente, el especialista destacó que lamentablemente el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes va a incrementar con el efecto domino negativo que trae la pandemia por el desempleo masivo y el abandono escolar.
“En realidad lo que está haciendo la administración de AMLO y las administraciones en los estados de la República es que están regalándole los niños, niñas y adolescentes al crimen, para que sobrevivan con las dádivas que les da el crimen”, puntualizó.
