La Unidad de Inteligencia Financiera detectó una disminución del 66 por ciento en los movimientos de las redes de traficantes de niñas, adolescentes y mujeres, lo que consideran, se debe en gran medida a las restricciones en las fronteras mexicanas por el covid-19, pues generalmente eran sustraídas del sur para explotarlas sexual y laboralmente en Chicago, Nueva York y Los Ángeles.
De acuerdo al reporte de la UIF sobre este delito, al que MILENIO tuvo acceso, en el 2019 se registraron 406 reportes en el sistema financiero mientras que en el 2020, con corte a noviembre, fueron 138.
El informe indica que del total de mil 919 reportes en los dos años por tráfico de personas se han identificado siete modalidades.
Un total de 981 son por redes de trata de personas, de las cuales, 69 están enfocadas en niñas, niños y adolescentes y 912 en mujeres y hombres. 757 reportes están relacionados con explotación sexual: 496 donde las víctimas son adultos y 261 niños, niñas y adolescentes.
En el rubro de explotación laboral detectaron 43 alertas para menores de edad y 20 para adultos; 53 alertas relacionadas con corrupción de menores y 45 por tráfico de órganos (13 menores y 32 adultos).
Otras modalidades con menos reportes son la esclavitud con dos y la adopción ilegal con 18.
La UIF identificó dos tipologías en este delito de tráfico de personas, la primera es la sustracción principalmente de niñas de escasos recursos en estados como Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Puebla o Tlaxcala para llevarlas a Chicago, Nueva York o Los Ángeles para explotarlas sexual y laboralmente.
El sistema financiero detectó que en estas redes de tratantes, “los recursos vienen por transmisores de dinero de regreso a México y particularmente a los municipios de donde las niñas son sustraídas”, por lo que las pequeñas raptadas podrían ser víctimas en muchos casos de sus propios cercanos o familiares que terminan recibiendo un beneficio.
La segunda tipología es la introducción a México de adolescentes de Europa del Este y de Sudamérica que son traídas con engaños para efectos de prostitución forzada.
En este caso, las redes se vuelven más extensas pues el sistema financiero y gracias a convenios internacionales, la UIF comprobó que el dinero termina en paraísos fiscales y regresa mediante empresas fachada que los tratantes utilizan para pagar los servicios que les permiten operar, como sueldos a los colaboradores, sobornos a las autoridades o la seguridad privada para el traslado de las mujeres y niñas, o incluso para cuidar a los propios tratantes que su vez, están generalmente vinculados con grupos delictivos o cárteles.
MILENIO dio a conocer en febrero pasado que la Unidad de Inteligencia Financiera detectó que las redes de los grupos delictivos, principalmente los de trata de mujeres, comenzaron a emigrar al uso de criptomonedas. Con la pandemia de covid-19, el uso de las monedas virtuales se intensificó de la mano de la pornografía infantil en redes sociales y plataformas digitales.
UIF busca reforzar labor con fiscalías estatales para detectar beneficiarios finales
La Unidad de Inteligencia Financiera espera poder concretar este año la creación de las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica en las 32 entidades federativas para reforzar el intercambio de información y poder combatir estos delitos desde el lugar donde se generan.
El reporte de la UIF explica que la idea es generar un modelo de enfoque financiero patrimonial que se pueda compartir entre todas las unidades para rastrear los movimientos de los tratantes de personas.
Como el registro de vehículos en los que trasladan a las víctimas y las propiedades en donde las explotan para encontrar similitudes entre los propietarios en distintos estados.
Detalla que la idea es que si una red de tratantes que opera en la Ciudad de México paralelamente realiza movimientos en otros estados o llega a tener transferencias a estados fronterizos como Baja California y Tamaulipas, será fácil rastrear que estas niñas y mujeres fueron enviadas a Estados Unidos con fines de explotación.
Así, con una base de datos homogénea podrá incluso detectarse con labores de inteligencia y el sistema financiero, en dónde realizan sus últimos movimientos financieros o en dónde usaron por última vez una tarjeta de crédito de la que los tratantes sean titulares, lo que les permitirá concretar órdenes de aprehensión.
“La única manera de combatir la impunidad es que los tratantes lleguen a los tribunales y para eso necesitamos trabajar muy de la mano con las fiscalías” señaló en noviembre el titular de la UIF, Santiago Nieto en un foro sobre este tema.
El reporte indica que el mayor número de reportes de trata de personas se da en la Ciudad de México, Tamaulipas, Jalisco, el Estado de México, Puebla y Baja California; a pesar de la gravedad que representa Tlaxcala en este delito, lo que lleva a un reto más para las autoridades: el manejo de efectivo que evita rastrear a estas redes en ese estado.
Hasta el momento, la UIF ha firmado convenios con refugios especializados en la trata de personas en los estados de Coahuila, Michoacán, Tlaxcala y Quintana Roo.
Así como con las fiscalías de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Nayarit, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, el Estado de México, la Ciudad de México, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche y Quintana Roo.
