(apro).- La farmacéutica Pfizer exigió a los países latinoamericanos condiciones extremas en los contratos para la compra de sus vacunas covid-19, reveló una investigación que realizó el Bureau of Investigative Journalism con la colaboración de Ojo Público.
El medio peruano detalló en un reportaje que Pfizer pidió a los gobiernos de Argentina y Brasil utilizar sus activos soberanos como garantía contra el costo de futuros casos legales, mientras que a Argentina y otro país que pidió no ser identificado les exigió una inmunidad adicional contra cualquier reclamo civil por los efectos adversos de la vacuna.
Ojo Público resaltó que las exigencias de la empresa ocasionaron un retraso de tres meses en las negociaciones del país que no fue identificado, que Argentina y Brasil no llegaran a ningún acuerdo con la farmacéutica y que, en Perú, Pfizer solicitó incluir cláusulas que reducían la responsabilidad de la empresa ante posibles efectos adversos.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú consideró las cláusulas como extremas y señaló que eran distintas a las de otros fabricantes. Mientras que un funcionario del país anónimo describió al Bureau las demandas de Pfizer como "intimidación de alto nivel", y dijo que el gobierno sentía que estaba siendo "chantajeado" para acceder a vacunas.
La investigación destaca que la empresa exigía más y más en las negociaciones en lugar de ceder. Pfizer pidió a Argentina que se le indemnizara por el costo de cualquier futura demanda civil, por lo que el gobierno tuvo que aprobar una nueva ley, sin embargo, no fue suficiente, la farmacéutica insistía en que el gobierno tomara la responsabilidad sobre su negligencia.
Pfizer también pidió al país contratar un seguro internacional para pagar posibles casos futuros contra la empresa e incluso que el gobierno pusiera sus activos soberanos, como reservas de bancos federales, edificios de embajadas o bases militares como garantía, lo cual no fue aceptado por el gobierno.
En el caso de Brasil, Pfizer pidió la exención de responsabilidad legal, que se pusiera activos soberanos como garantía, así como crear otro fondo de garantía en una cuenta bancaria en el extranjero. Sin embargo, el ministerio calificó las condiciones de abusivas y las rechazó. En el caso del país anónimo la empresa se reservó el derecho a modificar el cronograma.
El reportaje que realizó el Bureau of Investigative Journalism con la colaboración de Ojo Público fue publicada por el medio peruano.
