La Asamblea General de Trabajadores No basificados del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) aseguraron hoy, en conferencia de prensa, que existen alrededor de 2 mil personas laborando como eventuales y otros más sin prestaciones de ley, y que, pese a los llamados a negociar mejoras laborales, no han sido escuchados ni por la Secretaría de Cultura, ni por el Instituto, incluso, dijeron, ni por López Obrador, a quien le enviaron una carta en enero pasado.
Los trabajadores, organizados en distintos colectivos como #TodosSomosINAH y Movimiento Nacional de Basificación, leyeron una carta en la que explicaron que existen muchos tipos de profesionistas en el Instituto que realizan tareas sustantivas y administrativas de carácter permanente como antropólogos sociales, etnólogos, arqueólogos, lingüistas, historiadores, etnohistoriadores, antropólogos físicos, restauradores, geólogos, entre muchos otros.
"Pero el Instituto, por una parte, otorga contratos permanentes con buenos salarios y prestaciones a determinado número de trabajadores, pero por otra parte niega la estabilidad laboral a otros grupos de trabajadores. Por ejemplo, podemos encontrar dos doctoras en arqueología, con similar antigüedad laboral y desempeño, pero una tiene contrato definitivo y la otra es recontratada cada seis meses como eventual, con el fin de no reconocerle una relación laboral", dijeron.
Añadieron que existen los contratos del llamado Capítulo 1000 para el "personal eventual" con tareas sustantivas o administrativas y son recontratados cada seis meses o menos, a pesar de que cuentan con años laborando para el Instituto y sus remuneraciones y prestaciones, aseguraron, "son muy precarias".
Por otro lado, los contratos por Capítulo 3000 son recontratados cada 3 meses o menos, a pesar de hay quienes han trabajado por años y décadas para el Instituto. "Estos perciben bajos salarios, sin ningún tipo de prestación social".
Acusaron que también existen procesos de subcontratación por terceros que han ido aumentando. "El Instituto permite a empresas y dependencias de gobierno, la contratación de personal especializado, no basificado, mediante convenios específicos para que lleven a cabo la ejecución de los proyectos requeridos. Así que estos profesionistas quedan desvinculados de cualquier relación laboral con el Instituto, y sus pagos y posibles prestaciones están a discreción del tercero interesado que los contrató, contraviniendo lo dispuesto en la legislación en materia relativa al patrimonio cultural", dijeron.
Aclararon que esta situación laboral la han padecido desde hace muchos años, pero se ha agudizado en el último año debido a la pandemia de Covid-19. " A muchos de estos trabajadores frecuentemente se les retrasa su pago hasta por 12 meses, y cientos de ellos no están siendo recontratados, lo que equivale a un despido o cese de actividades, a pesar de la persistencia de su materia de trabajo", sentenciaron.
"El Instituto en lugar de estar recortando a su personal, debería promover mecanismos para la estabilidad laboral y para fortalecer todas las tareas sustantivas y administrativas", atajaron.
FInalmente, explicaron que seguirán haciendo llamados y manifestaciones hasta conseguir una mesa de diálogo y negociación con las autoridades culturales y con la Secretaría de Hacienda, para conseguir mejores condiciones de trabajo y frenar la no recontratación de muchos de los profesionales del instituto.
