La revista Proceso publicó un reportaje que vincula a los
hermanos Arellano Hernández, propietarios de los Leones de Yucatán, con una red
de empresas fantasmas.
Según la publicación, los empresarios son investigados desde
hace años por la Unidad de Inteligencia Financiera y el SAT, por presuntas
prácticas de lavado de dinero.
A continuación, partes medulares del reportaje:
Sinaloenses de origen, los hermanos Juan José y Erik
Arellano Hernández aún no han concentrado los reflectores de los medios a nivel
nacional, pero sí los de la Unidad de Inteligencia Financiera y del Sistema de
Administración Tributaria, cuyos investigadores les siguen, cada quien por su
cuenta, las huellas desde hace años.
Los hermanos Arellano, de acuerdo con información y
documentos oficiales, han incursionado en un área hasta ahora desconocida en
México: la de encabezar un complejo consorcio de más de 100 empresas reales y
empresas fantasma cuyo nicho de negocio último es proporcionar servicios de
lavado de dinero de procedencia ilícita para personas u organizaciones que lo
requieran.
Esta es la historia del grupo de negocios encabezado por ese
par de muchachos nacidos en el poblado de Mesillas, Sinaloa.
Uno, contador con maestría en Impuestos, y otro, mecánico
naval, los hermanos Juan José y Erick Arellano Hernández son un par de
sinaloenses que encabezan Grupo Arhe, un conglomerado de más de 100 empresas en
actividades económicas tan diversas como casas de cambio, consultorías
financieras y contables, hoteles, gasolineras, inmobiliarias, constructoras,
arrendadoras de autos, seguridad privada y equipos profesionales de beisbol y
basquetbol, entre muchas otras.
Lavado de dinero
Decenas de esas empresas tienen varias características en
común: mueven muchos millones de pesos, sus actividades financieras no tienen
ninguna lógica, no se encuentran respaldadas por alguna actividad lícita y sólo
existen en el papel, por lo que las autoridades de la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda las investigan por realizar
masivas operaciones con recursos de presunta procedencia ilícita, es decir, por
lavado de dinero.
No es la primera ocasión que las autoridades les siguen los
pasos. De hecho, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto la UIF congeló
durante varios años las cuentas bancarias de los hermanos Arellano Hernández y
de 81 de sus empresas por considerar que sus operaciones sólo servían para
encubrir el blanqueo de capitales de actividades ilícitas.
Los reportes bancarios mostraban que lo hacían a un ritmo
industrial: en seis años ingresaron al sistema financiero nacional al menos mil
700 millones de pesos sin que se tuviera certeza del origen y destino de los
mismos.
A la magnitud de la cifra se suma un hecho: más de la mitad
de las operaciones se realizaron en efectivo, es decir, cientos de millones de
pesos se depositaron y se retiraron en billetes.
Sin embargo, el bloqueo no se mantuvo: el 11 de junio de
2018, apenas unos días antes de las elecciones presidenciales que sacarían al
PRI del poder, hubo noticias en sentido contrario.
Ese día, el entonces titular de la UIF, que había llegado al
cargo apenas medio año antes, ordenó descongelar las cuentas de los hermanos
Arellano Hernández, al mismo tiempo que hacía lo propio con las cuentas de
personas y empresas ligadas a los líderes sinaloenses del narcotráfico, como
Joaquín El Chapo Guzmán, Ismael El Mayo Zambada, Rafael Caro Quintero y Juan
José El Azul Esparragoza.
Para entonces, los hermanos ya habían mostrado un frenesí en
la multiplicación de empresas, actividad que ni siquiera durante el
congelamiento de sus fondos disminuyó.
Una investigación realizada por este equipo de reporteros en
los registros públicos de la propiedad del país logró documentar además que el
grupo ha seguido creando hasta la fecha decenas de razones sociales, de las
cuales una amplia proporción presenta las características de ser empresas
fachada, usadas para realizar múltiples triangulaciones financieras y
enmascarar así el origen, propiedad y destino final de los recursos.
Los investigadores de la agencia de inteligencia financiera
del Estado mexicano no son las únicas autoridades que los siguen de cerca. El
Servicio de Administración Tributaria (SAT) considera que el par de empresarios
sinaloenses ha diseñado un complejo esquema en el que decenas de empresas
fachada han funcionado como factureras.
Por ello, se encuentran en proceso de armar una denuncia por
defraudación fiscal equiparada a delincuencia organizada. Parten de un hecho:
el SAT ha boletinado a 23 empresas del Grupo Arhe por considerar que son
empresas factureras, es decir, que expiden comprobantes fiscales de operaciones
simuladas, inexistentes o ficticias.
Antecedentes
No será su primer encontronazo legal. En el pasado el SAT ya les ha embargado
terrenos y 10 marcas comerciales para tratar de recuperar adeudos fiscales por
más de 220 millones de pesos.
La UIF y el SAT están convencidos de que el Grupo Arhe
estructuró una compleja red que provee servicios de lavado de dinero para
grupos que manejan recursos de procedencia ilícita.
Esta investigación de Ríodoce y Quinto Elemento Lab es un
asomo inédito a una de las áreas más desconocidas del país: la manera en que un
grupo empresarial estructuró un complejo entramado de firmas fachada, mezcladas
con empresas que sí operan, para proporcionar servicios de lavado de miles de
millones de pesos en el sistema financiero mexicano a personas u organizaciones
que requieran de ello.
Información de Proceso y Megamedia
