Con 102 votos a favor y dos en contra, el Senado de la República aprobó la Ley Reglamentaria de la Revocación de Mandato, el proceso que incentiva el ejercicio de democracia con participación ciudadana directa y vinculante que definirá si el presidente de México continuará en su sexenio.
Este lunes 6 de septiembre, la Cámara Alta determinó la metodología con la cual se realizará el proceso al que se someterá Andrés Manuel López Obrador en marzo del 2022. Es decir, las y los senadores aprobaron el cómo llevar a cabo la dinámica de remover o ratificar el sexenio de la 4T.
Como dicta el protocolo legislativo federal, el dictamen fue turnado a la Cámara de Diputados en el Palacio Legislativo de San Lázaro, para que se ratifique, con lo cual se promueve una nueva forma de que la ciudadanía interactúe con el gobierno.
Desde el pasado 2 de agosto, Ricardo Monreal, líder de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Senado, había promovido un proyecto de ley reglamentaria para que se definiera la pregunta a la que se sometería el presidente López Obrador; sin embargo, la carga de trabajo en el legislativo federal, dejó pausado ese procedimiento.
Con el inicio de la legislatura actual, se retomó dicho proseo y tras horas de discusiones parlamentarias, se redactó el dictamen final que se turnó a San Lázaro. De acuerdo con Monreal Ávila, la reglamentación es esencial para que se aplique con apego a derecho, esto porque define un marco jurídico claro y preciso en el que se detalla que únicamente se someterá a este proceso a quien ostente la titularidad de jefe del ejecutivo federal.
Asimismo, establece la interpretación, disposición supletoria y el catálogo de definiciones aplicables para el proceso. Aunado a esto, define las facultades y los roles que tendrá el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
De hecho, un ejercicio similar ocurrió con la aprobación en el Senado de la Ley Federal de Revocación de Mandato, donde se modificó la pregunta original para tener una en la que no se incluyera de manera explícita el nombre de AMLO, pues se espera repetir este ejercicio en administraciones posteriores.
Con este criterio, la pregunta “¿Estás de acuerdo con que el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, continúe ejerciendo el cargo hasta que concluya su mandato?” fue alterada para que el resultado final sea:
“¿Estás de acuerdo en que a (nombre), Presidente/a de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?”
Por su cuenta, el INE solicitó del erario federal la suma de 5,743.57 millones de pesos “como un monto precautorio para el caso de que se lleve a cabo la Consulta Popular y la Revocación de Mandato”. El Consejo General del órgano dirigido por Lorenzo Córdova dejó claro esto el 25 de agosto al aprobar la Cartera Institucional de Proyectos del Anteproyecto de Presupuesto 2022.
“Si queremos una Revocación de Mandato con todas las medidas de garantía que están establecidas en la Constitución y que sustentan el trabajo del INE, pues tiene que haber un acompañamiento del Poder Legislativo siempre y cuando las y los ciudadanos activen este nuevo mecanismo de participación establecido en el artículo 35 constitucional”, expresó Córdova Vianello durante una sesión extraordinaria.
Se especificó que 3,830.45 millones de pesos serán dedicados a la Revocación de Mandato, proceso consultivo de participación directa al que se someterá el presidente López Obrador en marzo del 2020. Asimismo, para la Consulta Popular se solicitaron 1,913.13 millones de pesos.
Finalmente, el órgano electoral dijo que en caso de que dichos recursos no sean utilizados en su totalidad, éstos se regresarán a la Tesorería de la Federación (Tesofe) para integrarse al presupuesto de la administración pública.
