Por los delitos de feminicidio y homicidio calificado contra servidor público cometidos en pandilla, M.A.L.J., A.A.S. y M.J.R.G., fueron sentenciados a 88 años y 9 meses de prisión, luego de las pruebas aportadas por la Fiscalía General del Estado (FGE), tras los hechos registrados en el fraccionamiento Gran San Pedro Cholul.
La condena se decretó luego de que los fiscales de litigación de la FGE desahogaran los documentos contenidos en la carpeta de investigación, en donde se comprobó la participación de los dos hombres y una mujer en los delitos señalados, tras los que fallecieron Teresa Aurora V.C. y el oficial de policía Raúl Adrián C.A., el 23 de julio del año pasado.
En el Juzgado Primero de Control del Centro de Justicia Oral de Mérida se dio paso a la audiencia intermedia donde las partes aceptaron que se procediera con la sentencia a través de un procedimiento abreviado, imponiéndose la sentencia por los delitos mencionados. De igual manera, se les condenó al pago de reparación del daño, se les negaron los beneficios, se ordenó su amonestación pública y la privación de sus derechos políticos.
En la audiencia en donde los especialistas de la Fiscalía acreditaron las pruebas existentes bajo la causa penal 193/2021 se detalló que los acusados privaron de la vida a la vecina del citado fraccionamiento, a quien sorprendieron cuando salía de su domicilio para abordar su vehículo, pero fue sometida y jalada al interior del predio, donde la agredieron con un arma blanca.
Tras los hechos acreditados en la carpeta de investigación por el delito de feminicidio, los involucrados abordaron el vehículo de la víctima e intentaron darse a la fuga, pero fueron detenidos momentos después por el oficial motorizado en el tramo carretero Mérida-Motul, donde de manera conjunta los imputados sometieron al agente y lo lesionaron con su arma de cargo, provocando su muerte momento después a causa de las lesiones infringidas.
Mientras los involucrados continuaban con su huida, se dio paso al despliegue de un operativo coordinado de las fuerzas policiacas que permitió su detención cuando intentaban salir del Estado.
Al término de la audiencia se informó que las partes renunciaron al plazo para apelar, por lo que quedó en firme la sentencia mencionada.
