El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aprobó declarar que el proceso de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador no tiene validez porque no se logró que el 40 por ciento del electorado participara como lo exige la Constitución.
Después de que ayer MILENIO reveló que el dictamen eliminó 21 páginas en las que exhibían la falta de integridad electoral, esta mañana fueron incluidas en la sentencia donde se desechaban las quejas de todos los partidos políticos, lo que no fue bien visto por las magistraturas que desde ayer pidieron no incluirlo.
Asimismo, con un sorpresivo cambio, que llevó a una mayoría de votos, se aprobó dar vista a las instancias correspondientes para que investiguen y deslinden responsabilidades de las y los servidores públicos que de manera reiterada incurrieron en posibles delitos electorales.
“Que investiguen y en su caso sanciones actos potencialmente violatorios y se alertará a la Fiscalía Especializada sobre potenciales conductas ilícitas que debería investigar”, indicaron.
El conteo confirma la participación de 16 millones 502 mil 636 personas, el 17.77 por ciento del total de las inscritas en la Lista Nominal de Electores.
El magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón expuso, primero, la inviabilidad jurídica para conceder las quejas de los partidos de oposición que buscaban la nulidad del proceso, pues ya era inválido desde que sólo alcanzó 16 millones 502 mil 636 votos, el 17.77 por ciento de participación del 40 por ciento necesario por lo que, por lógica “no se puede invalidar lo que no tiene validez”.
Después leyó el apartado de integridad electoral que había descartado y que retomó esta mañana, en donde exhibió que el INE recibió 323 quejas por uso indebido de recursos públicos y de procedencia ilícita, vulneración a la imparcialidad y neutralidad por parte de personas servidoras públicas e irregularidades el día de la jornada de votación como posibles acarreos.
“Es posible advertir que hubo las siguientes lecciones: primero la emisión tardía de la Ley federa de Revocación de Mandato el Congreso incurrió en una omisión legislativa y ello incidió en las reglas del juego; segundo, las diversas modificaciones del INE que tuvieron que adaptarse a la ley tardía y responder a las problemáticas jurídicas durante el proceso.
“Tercero cuando la Cámara de Diputados y Diputada emitió un decreto de interpretación y éste fue aprobado por el Senado, lo que generó controversias y cuestionamientos sobre su constitucionalidad. Y de la mano con los desafíos normativos, se suman los ajustes presupuestarios que generaron una reducción de casillas y la escasez de personal e insumos, desde la óptica de integridad electora esto es un ejemplo de lo que se conoce como malas prácticas con impacto en la calidad de la democracia participativa”.
Por lo que concluyó que todos estos obstáculos e irregularidades en el proceso “impactaron en la calidad democrática de la revocación de mandato”, lo que informó en sesión solemne frente a los titulares del INE, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de la Secretaría de Gobernación(Segob) que seguiría su proceso ante las instancias correspondientes.
“Finalmente, esta Sala Superior, por un lado, instruyó al INE y a la Sala Regional Especializada para que investiguen y, en su caso, sancionen actos potencialmente irregulares que se denunciaron durante el proceso y, por el otro, advirtió a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales sobre conductas posiblemente ilícitas que quizás deba investigar”.
Revocación, un acto fallido de democracia: Janine Otálora
Las irregularidades y constantes violaciones cometidas en el proceso de revocación de mandato, así los desacatos de personas servidoras públicas de primer nivel, enfrentaron a las y los magistrados de la Sala Superior quienes dividieron sus posicionamientos entre quienes exigieron que se investiguen posibles delitos electorales y los que consideraron la postura como “precipitada”.
Uno de los posicionamientos más firmes fue el de la magistrada Janine Otálora quien calificó el proceso como “un acto fallido de democracia”, sostuvo que era responsabilidad de la Sala Superior dejar sustento de “los actos que alejaron la participación y que sean evidenciados para que no se repitan” y para que las herramientas de participación democrática “dadas a la ciudadanía no sean desvirtuadas”.
