La reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador fue presentada este jueves y hoy mismo será enviada a la Cámara de Diputados. Contempla la sustitución del Instituto Nacional Electoral (INE) y la reducción de legisladores, entre otros puntos.
López Obrador pidió al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, así como al resto del grupo de trabajo encargado de la configuración de la iniciativa, detallar el proyecto.
Horacio Duarte, actual titular de la Agencia Nacional de Aduanas e integrante del grupo, explicó que se tocarían 18 artículos constitucionales, de los cuales siete son transitorios, que buscan hacer “más barata la democracia” en México.
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El primer tema en la reforma es la sustitución del actual órgano electoral, el INE, para dar paso al Instituto Nacional de Elecciones y Consultas.
Derivado de esta primera propuesta, habría un mecanismo de designación de los consejeros a través del voto popular, así como para los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Además, los candidatos a estos cargos serían propuestos por los tres poderes de la Unión, y se contempla una reducción de consejeros: pasarían de 11 a siete.
Duarte también mencionó la “federalización de las elecciones”, con lo que se busca la desaparición de los Organismos Públicos Locales (Oples), así como de los tribunales electorales estatales.
Haciendo énfasis en el “abaratamiento de la democracia”, el funcionario indicó que la reforma plantea una reducción del número de legisladores federales y locales. En la Cámara, por ejemplo, la cifra pasaría de 500 a 300, y en el Senado, de 128 a 96.
Este acotamiento también repercutiría en los Congresos locales.
“Se establecerán rangos, mínimo 15, máximo 45 diputados locales en los diversos estados conformados, según el número de población que tiene cada una de las entidades federativas”, detalló Duarte.
Con dicha reducción, el grupo de trabajo encargado de la reforma electoral calcula que el país vería reflejado un ahorro de 24 mil millones de pesos, para otras inversiones en el ámbito federal y estatal.
Asimismo, el presupuesto dirigido a los partidos políticos estaría modificado para garantizar que el financiamiento público se dé exclusivamente para campañas electorales, con lo que se suprimiría el financiamiento ordinario permanente.
“(Sería) un mecanismo que evite que las burocracias partidarias dispongan de recursos todos los años, todos los meses, como actualmente sucede”, dijo Duarte.
En el periodo de campañas también se busca que los tiempos en radio y televisión en materia electoral sean exclusivamente para uso de candidatos y partidos, para que las autoridades electorales no tengan injerencia en ese espacio.
Con la iniciativa se propone incorporar un mecanismo para que los ciudadanos puedan acceder al voto a través de medios electrónicos, para combatir la “dispersión de las casillas” y garantizar el derecho al voto.
La reforma contempla una modificación en la definición de propaganda gubernamental, “ampliando las excepciones para que las autoridades puedan difundir actividades relacionadas con servicios públicos y aquellas que tengan que ver con informar los procesos electorales”.
