Al dar a conocer las primeras 207 auditorías de la Cuenta Pública 2021, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que las instituciones públicas provocaron un posible daño al erario por mil 38 millones de pesos, de los cuales se han podido recuperar 201 millones de pesos.
El gasto federalizado en materia de seguridad y de educación fue el más observado. Se gastaron 637 millones de pesos de manera irregular, por lo que las entidades federativas tendrán tiempo para justificar el gasto o reintegrarlo a la Tesorería de la Federación, de lo contrario, la ASF podría presentar denuncias penales. Hasta el momento, el máximo órgano de fiscalización del país ha recuperado 190 millones de los 637 millones observados.
Michoacán es la entidad en la que se detectaron más daños a la Hacienda Pública Federal; en total 144 millones de pesos fueron observados en esa entidad. Le siguen San Luis Potosí (76 millones de pesos), la Ciudad de México (55 millones) y Coahuila (49 millones).
Las instituciones públicas a nivel federal con mayor monto utilizado de forma irregular en 2021 son la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con 120 millones de pesos observados en cada institución.
El auditor superior de la Federación, David Colmenares, dijo que de las 207 auditorías, 169 correspondientes al gasto federalizado, 12 al grupo funcional gobierno, 12 a desarrollo social y 14 a desarrollo económico.
Enfatizó que los rubros que llaman la atención son los de ejecución de obra pública y el de licitaciones y adquisiciones.
“Un rubro relevante a nivel presupuestal corresponde a la ejecución de obra pública. En este rubro, hay una necesidad permanente de que se cuente con mecanismos cada vez más eficaces y eficientes para constatar la calidad de los trabajos, así como su impacto, en términos del beneficio social que buscan propiciar”, señaló.
“A través de la fiscalización superior, se han identificado aspectos que ayudarán a mejorar la integración de los proyectos ejecutivos de las obras, desde los análisis de impacto ambiental, permisos y trámites necesarios para la construcción de proyectos de obra pública, hasta los estudios de ingeniería básica y de detalle, incluyendo los necesarios en materia estructural, urbanística y de mecánica de suelos”, recalcó en la entrega de resultados de las auditorías a la Comisión de Vigilancia de la ASF de la Cámara de Diputados.
Declaró que es relevante la supervisión financiera y administrativa del desarrollo de las obras, para que se refleje en plazos de ejecución o montos pactados acordes a la complejidad de las obras, la entrega oportuna de anticipos y la puntual formalización de convenios modificatorios.
