(Proceso).- La cooperación bilateral entre México y Colombia para combatir el narcotráfico –que se intensificó durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña– está “en su más bajo nivel” y esto propicia una presencia cada vez mayor de los cárteles mexicanos de la droga en territorio colombiano.
Así lo plantea a Proceso la vicepresidenta y canciller colombiana Marta Lucía Ramírez, quien advierte que a pesar de los llamados que ha hecho su país a los militarizados organismos de seguridad mexicanos para intensificar la cooperación y el intercambio de información antidrogas, esto no ocurre.
“Nosotros –dice Ramírez– esperaríamos que esa actividad cada vez mayor de los cárteles mexicanos en Colombia, de la cual tenemos evidencias, se traduzca en una mayor cooperación. Y, lamentablemente, no ha sido así.”
Ramírez asegura que su relación con el canciller de México, Marcelo Ebrard, es “muy buena” y hay un diálogo político fluido, pero eso no ha generado acciones concretas de los militares mexicanos para llevar a otro nivel la colaboración y ubicarla a la altura de la amenaza que representan los cárteles mexicanos para los dos países.
Los cárteles mexicanos, señala Ramírez, tienen alianzas estrechas con grupos criminales colombianos que los abastecen de cocaína, y ha crecido su presencia en este país a través de delegados que organizan los envíos de la droga por el Pacífico, en lanchas, y vía aérea, desde la vecina Venezuela, por lo que se requiere un trabajo más articulado entre los gobiernos.
–¿No hay cooperación de México? –se le pregunta a la vicepresidenta.
–Sí hay –responde–, pero es bajita.
Y, por “bajita”, la vicepresidenta y canciller colombiana se refiere a que existen los canales institucionales de comunicación entre las Fuerzas Militares de los dos países, la policía colombiana y la Guardia Nacional de México, pero la información es inercial y no fluye como ocurría, por ejemplo, en los sexenios de Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña (2012-2018).
Ramírez no se aventura a señalar si la falta de respuesta de las autoridades mexicanas es producto de los desencuentros diplomáticos entre México y Colombia por varios temas de la agenda regional, o si se debe a la política antidrogas de “abrazos, no balazos” del presidente López Obrador.
