(apro).– El año pasado, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador entregó contratos por 9 mil 797 millones de pesos a empresas de reciente creación, consideradas como “proveedores riesgosos” por el potencial de corrupción que representan, documentó el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Esta cifra es cuatro veces mayor a la registrada en 2020 y 15 veces más importante que en 2019, pero una tercera parte menor a la registrada en el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto, en 2018.
En su ranking que mide el Índice de Riesgo de Corrupción (IRC) 2022, la organización señaló que las tres principales instituciones de Salud pública del gobierno federal, el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), tuvieron índices elevados, ya sea porque recurrieron a las adjudicaciones directas, porque no cumplieron con prácticas de transparencia o porque realizaron procesos de adjudicación exprés.
El IMCO destacó otras instituciones por la opacidad del manejo de su presupuesto, como Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) –cuyo director, Ignacio Ovalle Fernández, fue sustituido por su gestión corrupta–, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el Banco de Bienestar, la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Gobernación (Segob) o la Secretaría de Marina (Semar).
De acuerdo con el IMCO, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACDMX), la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios, Educal y Segalmex fueron las instituciones que reportaron las caídas más graves en su clasificación del IRC entre 2020 y 2021.
