La diputada Úrsula Salazar Mojica, sobrina del presidente Andrés Manuel López Obrador, obtuvo un respiro al conseguir un amparo y una prórroga en su proceso de desafuero que enfrenta por un escándalo de corrupción al pedir facturas infladas en un audio.
Diputados de la Comisión Instructora del Congreso de Tamaulipas aprobaron este viernes un acuerdo en el que le otorgan una prórroga por 13 días para el ofrecimiento de pruebas en torno a la solicitud de procedencia de enjuiciamiento penal por el probable delito de cohecho.
Pese a que en un inicio, la coordinadora de la bancada de Morena en el Congreso de Tamaulipas había solicitado 30 días de prórroga “ya que es un tiempo suficiente para poder desahogar y ofrecer las pruebas que se requieren”, su petición fue rechazada ya que la Comisión consideró que están en posibilidad de ofrecer las pruebas en la nueva fecha acordada.
“Solicita a esta Comisión Instructora acordar una prórroga a la determinación asentada en el acuerdo de fecha del 26 de mayo del presente año respecto al ofrecimiento de pruebas dentro del expediente DPEP-01-2022, asimismo se da cuenta del escrito presentado por la diputada Úrsula Mojica de fecha 2 de junio 2022 a través del cual ofrece pruebas”, señaló la Comisión Instructora en conferencia de prensa.
De esta forma será hasta el próximo miércoles 15 de junio cuando deba presentarse ante la Comisión Instructora en punto de las 10:00 horas para una nueva diligencia.
Además de la prórroga, Salazar Mojica obtuvo un amparo con el que evitará ser detenida por el delito de cohecho.
Lo anterior fue resuelto por el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el estado de Tamaulipas, quien otorgó el amparo a la diputada que dejaría sin efecto una eventual orden de detención en su contra.
Cabe recordar que la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción (FECC) de Tamaulipas solicitó el proceso de desafuero, luego de que un peritaje acreditara que la voz de los audios donde pide facturas infladas corresponde a la de la legisladora.
Por ello, se busca que la funcionaria sea procesada por su presunta comisión en el delito de cohecho; asimismo se le acusa de la alteración de facturas durante el periodo que fungió como directora de Recursos Humanos y Finanzas del Conalep en el municipio de Tampico.
No obstante, para que Úrsula Salazar Mojica pueda terminar en la cárcel, el Congreso de Tamaulipas deberá aceptar o rechazar el proceso de desafuero, de esta forma se podría iniciar un proceso legal en su contra.
En caso de ser encontrada culpable de los señalamientos en su contra y según el Código Penal del Estado de Tamaulipas, los funcionarios públicos juzgados por acto de corrupción pueden recibir penas que van desde un año hasta 20 años de cárcel, según el monto de la afectación que dejó comisión del delito.
