La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó este martes el ataque que sufrió la periodista mexicana Susana Carreño, de 54 años, quien el pasado viernes fue apuñalada en Puerto Vallarta, Jalisco, y pidió a las autoridades de ese país investigar "el móvil de la agresión".
Mendoza Carreño, directora de Radio Universidad de Guadalajara y corresponsal del canal 44 de la Universidad de Guadalajara, en Jalisco, se encuentra en la unidad de cuidados intensivos de un hospital local como consecuencia del ataque.
En un comunicado, la organización hemisférica instó a las autoridades "a indagar el móvil de la agresión y a garantizar su seguridad y la de su familia".
"Dado el clima de inseguridad para el periodismo en México, cuando son víctimas de ataques violentos no se puede descartar el trabajo que desempeñan ni los temas que abordan en sus coberturas", señaló el presidente de la SIP, Jorge Canahuati, quien pidió a las autoridades mexicanas considerar entre los móviles el hecho de que la víctima sea periodista.
"Nuevamente nos hallamos ante otra grave agresión que, como los cientos de casos ocurridos en los últimos años contra periodistas, corre el riesgo de quedar en la impunidad", dijo, por su parte, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e información de la SIP, Carlos Jornet.
El día de los hechos, la periodista, con más de tres décadas de trayectoria, salía del programa Todas las Voces Cuentan y se desplazaba en su vehículo junto a uno de sus colaboradores cuando una camioneta la impactó por detrás.
Al bajarse del automóvil para revisar los daños, otros dos desconocidos en motocicleta le quitaron las llaves del vehículo, los teléfonos y le acertaron dos puñaladas, una en el tórax y otra en el cuello. La Fiscalía estatal señaló que se trata de un caso de asalto y robo.
El hecho ha servido a la SIP para reiterar el pedido al gobierno de México de poner fin a la ausencia de justicia en numerosos asesinatos cometidos contra periodistas, como ocurre con el caso del columnista Víctor Manuel Oropeza Contreras, asesinado hace 31 años en Ciudad Juárez, en Chihuahua.
El caso fue presentado por la SIP en 1997 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en 1999 recomendó al gobierno mexicano determinar la responsabilidad penal de todos los autores del asesinato, investigar posibles arbitrariedades y encubrimiento en la investigación oficial y reparar a los familiares de Oropeza por violaciones a los derechos humanos.
Según la SIP, estas recomendaciones aún no se han cumplido.
