Dar a conocer documentos del anterior Centro de Investigación Nacional (Cisen), hoy Centro Nacional de Inteligencia (CNI), del desafuero de 2005 y las elecciones de 2012 relacionados con el presidente Andrés Manuel López Obrador, no vulneran la seguridad nacional del país y mucho menos del titular del Ejecutivo como lo consideró la Consejería Jurídica de Presidencia.
Al analizar dos recursos de revisión en contra de las determinaciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) de entregar la información (cinco documentos del desafuero y 12 de las elecciones) a un peticionario, los ministros decidieron que debe entregarse la información al considerar que los argumentos de la Consejería carecen de pruebas.
Dar a conocer la información fue aprobado en una votación unánime por los 11 integrantes del máximo pleno del país.
La Consejería Jurídica de Presidencia consideró que entregar los documentos causarían un daño y ponen en riesgo la seguridad nacional, al darse a conocer normas, métodos, fuentes de investigación y documentos utilizados para la obtención de la información.
NO SE VULNERA LA SEGURIDAD NACIONAL
El proyecto presentado por el ministro Luis María Aguilar Morales, menciona que no se justifica, ni se aprecia que, al dar a conocer los documentos, se afecte la seguridad nacional a través de métodos de investigación realizados por áreas de inteligencia del país.
"No basta con que su contenido tenga origen o se relacione directamente con las materias expresamente protegidas por la ley, sino que es necesario en cada caso por la racionalidad de cualquier expectativa que se señale cual es el daño que se puede generar, para lo cual se debe de ponderarse si existen elementos objetivos que permitan determinar si la difusión de la información es o no susceptible de causar un daño real, demostrable e identificable a los intereses jurídicos constitucionales tutelados"
El proyecto también menciona que "en este caso no se aprecia que alguno de ellos señale o se refiera explícitamente a normas, procedimientos o métodos del Centro Nacional de Investigación, ni se cita ninguna fuente de investigación, sino que únicamente se refieren a hechos específicos, e incluso se relacionan con acontecimientos que, en su momento, fueron de conocimiento público y se dio seguimiento por parte de los medios de comunicación. Se concluye que es justa la decisión del Instituto de revocar el periodo de reserva y ordenar que quede disponible la información".
Además, el proyecto que fue aprobado, aclara que no la información no se hace entrega al crimen organizado y que no se vulnera la seguridad personal de quien ahora es presidente de la República, ya que la información desde el momento en que se comenzó a dar a conocer fue pública.
Al debatir el tema, la ministra Loretta Ortiz dijo: "estoy de acuerdo en declarar infundado el recurso". Los documentos de 2005 y 2012 no ponen en riesgo la seguridad nacional porque no se ponen en riesgo métodos de investigación de áreas de inteligencia del gobierno, comentó.
LA VOTACIÓN
Norma Lucia Piña: "comparto el sentido de la propuesta". Es infundado el recurso de revisión del consejero. Lo que procede es la desclasificación. Además, desvirtuar los argumentos del accionante, ya se agotó el periodo de clasificación. Uno en abril y otro en mayo.
Javier Laynez Potisek: "a favor del proyecto y de sus consideraciones. Solamente el precisar la parte de la delimitación, el documento relacionado con el 2018, también debe de quedar firme la determinación del INAI".
"Yo estoy a favor del proyecto, separándome de algunas consideraciones y por lo tanto haré un voto concurrente", explicó el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
La Silla Rota
