El Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred) se pronunció en relación con el caso de un joven con discapacidad a quien le fue negado un trámite por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
En días pasados, el joven Daniel Robles Haro contó en Twitter cuál fue su experiencia en el SAT, al que acudió por su firma electrónica, pero que no obtuvo porque tiene una discapacidad motora. Su relato se volvió viral en Twitter.
Robles Haro aclaró que la persona que lo atendió siempre fue muy amable y le explicó muy bien sus opciones, pero tuvo que llamar a su coordinador para saber si procedía que obtuviera su firma electrónica.
“Y como no puedo firmar de forma autónoma, pues fue a consultar las normas. Y al regresar nos explicó que el SAT no puede saber a simple vista si yo soy una persona capaz de asumir una responsabilidad como contribuyente”, explicó el joven, quien mencionó que una opción sería que su madre firmara por él.
“Yo sé que es un hecho que siempre requeriré ayuda física, pero me gustaría ser reconocido legalmente como una persona capaz de tomar decisiones y adquirir responsabilidades”, comentó.
Este viernes, en un comunicado, el Conapred hizo un llamado para que sea respetado el derecho al reconocimiento de la personalidad y capacidad jurídica de todas las personas con discapacidad y establecer un sistema de apoyos para la toma de decisiones sin intermediación de alguien más.
El organismo de la Secretaría de Gobernación recordó que hace unos días fue difundida la negación de la firma electrónica por parte del SAT a una persona con discapacidad “por considerar que incumple con los requisitos para obtener este certificado, aparentemente por considerar que no contaba con la capacidad jurídica para hacerlo”.
En ese contexto, el Conapred reiteró que todas las personas de ese sector de la población tienen el derecho de tomar decisiones sobre sus propias vidas y ejercer sus derechos en igualdad de condiciones, ya que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe la discriminación basada en la discapacidad (artículo 1, párrafo quinto).
“La creencia, no sustentada de que las personas con discapacidad no pueden tomar decisiones o que sean sujetas a la interdicción, que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional, ocasiona que sean relegadas respecto a decisiones sobre aspectos financieros, fiscales, o que tienen que ver sobre su salud y/o el acceso a servicios que deben ser para todas las personas”, sostuvo el Conapred.
Por ello, planteó, se debe pasar del paradigma médico asistencialista a un enfoque de derechos para que tengan los mecanismos de apoyo y evitar las prácticas discriminatorias.
Del 2017 a mayo del 2022, el Consejo ha recibido 943 expedientes de quejas calificados como presuntos actos de discriminación realizadas por personas servidoras públicas, dice el comunicado.
El Conapred puso a disposición su acompañamiento para sensibilizar al personal de las instancias de los diferentes ámbitos de gobierno para que garanticen un trato digno y la capacidad jurídica de las personas con discapacidad.
"Hacemos un llamado a respetar el derecho a la personalidad y capacidad jurídica de las personas con discapacidad, invitamos a sensibilizar al personal de las instancias de los diferentes ámbitos de gobierno para evitar las prácticas discriminatorias", dijo el Conapred en Twitter.
