La Secretaría de la Función Pública (SFP) emitió 100 sanciones contra 97 empresas que participan como licitantes, proveedores y contratistas del gobierno federal y que infringieron la ley en la primera mitad de 2022, pues presentaron información falsa en procedimientos de contratación.
Las 97 empresas “transas” también incurrieron en incumplimiento de contrato yo no formalizaron de contratos adjudicados. Estas irregularidades fueron detectadas por los órganos internos de control de la SFP.
Las multas impuestas ascendieron a 114.49 millones de pesos, mismas que quedarán a cargo de su cobranza por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Además, 73 empresas fueron inhabilitadas por periodos que van de 3 meses a casi 4 años.
La Silla Rota ha dado seguimiento a este tema al documentar casos de empresas que, a pesar de haber sido sancionadas por irregularidades, regresan a ofrecer sus servicios en diversas licitaciones estatales y federales porque ya no aparecen en el padrón de proveedores sancionados.
Uno de estos casos que documentó es el de empresas proveedoras de servicios de alimentos que, tras ser sancionadas, reaparecen meses después en diversas licitaciones y ganan diversos contratos con gobiernos locales y dependencias federales. Esto, sin contar con información pública que precise por qué razón fueron habilitados de nueva cuenta.
La dependencia federal informó que "licitantes, proveedores y contratistas pueden ser sancionados con una o varias multas o inhabilitaciones de acuerdo con las faltas que hayan incurrido". También precisó que estas pueden ser impugnadas.
Finalmente subrayó que estas 76 inhabilitaciones a 73 personas físicas y morales fueron ya publicadas mediante circulares en el Diario Oficial de la Federación.
¿FUNCIONA LA FUNCIÓN PÚBLICA DE LA 4T CONTRA LA CORRUPCIÓN?
Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, afirmó que las funciones de la Secretaría se han confundido desde su creación, pues no funciona como un órgano de combate a la corrupción, sino como uno de control interno.
“Hay un error de concepto, la idea de que las contralorías eran órganos de combate a la corrupción viene desde los años 80, pero nunca lo fueron. Ni sus facultades ni sus atribuciones dan para eso”, aseguró en entrevista con La Silla Rota en julio de 2020.
A decir de Bohórquez, un órgano interno de control pertenece al mismo gobierno, “entonces, tu lealtad política, inevitablemente, es con el presidente”, refirió. Eso se evidencia con los nombramientos en éstos, que son dados por el titular de cada dependencia, y en el caso de la SFP, por el presidente de la república.
“La Secretaría es una dependencia que funciona muy bien como control interno, y cada gobierno decide dónde pone su prioridad en términos de control interno, pero el eje de la lucha anticorrupción en México es la Fiscalía General de la República”, aclaró.
En una entrevista ofrecida al periódico Excélsior, Marco Antonio Fernández, especialista en corrupción y transparencia del Tecnológico de Monterrey, alertó que la inacción contra casos de corrupción emblemáticos radica en que no se han presentado denuncias penales en contra de quienes fueron sus protagonistas.
Y para muestra un botón: el caso de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos en el sexenio de Enrique Peña Nieto, acusado de desvío de recursos públicos, fue atraído directamente por la FGR, a partir de denuncias periodísticas.
