Los gobiernos de Estados Unidos (E.E.U.U.) y Canadá anunciaron el pasado 20 de julio la emisión de consultas a México para evaluar posibles inconsistencias con los acuerdos establecidos en el Tratado de Libre Comercio (T-MEC).
De inmediato, la noticia generó múltiples reacciones tanto desde el Gobierno Federal y quienes apoyan al presidente, como desde la oposición, pasando por periodistas, comunicadores y analistas políticos.
Por un lado, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se ha mantenido firme en su postura de que la política implementada por su gobierno en materia de energía no es violatoria de modo alguno con el T-MEC.
Desde un inicio se mostró despreocupado por las posibles irregularidades señaladas por los países del norte, pues sus primeras declaraciones al respecto las acompañó con la canción Uy, qué miedo, de Chico Che, para asegurar que su administración no toleraría ninguna vulneración a la soberanía del país.
Sus más recientes comentarios sobre el tema, compartidos en un video a través de Twitter, expresó que todo surgió como una molestia de las empresas ante su decisión de que las hidroeléctricas aporten energía a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Asimismo, reiteró que desde su gobierno no van a ceder en el respeto a la soberanía nacional, pues “el patriotismo no se negocia”.
También desde la trinchera de la Cuarta Transformación (4T), Claudia Sheinbaum defendió las decisiones de AMLO en el rubro energético y destacó los beneficios de las mismas, pues “cambió el modelo de servicio de energía eléctrica para darle prioridad en el despacho a las plantas de CFE particularmente a las hidroeléctricas que antes solo generaban unas horas al día”, comentó vía Twitter.
Bajo este tenor, afirmó que las controversias en el T-MEC puntualizadas por los gobiernos de E.E.U.U. y Canadá “no sólo no tienen sustento sino que violentan la soberanía energética de México”.
Por otro lado, algunas de las figuras reconocidas por sus constantes críticas y cuestionamientos al gobierno de AMLO, así como al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), también se pronunciaron al respecto para atacar tanto al presidente y su actitud hacia el tema como a su política energética.
Diego Fernández de Cevallos, político militante del Partido Acción Nacional (PAN), tachó a López Obrador de “mentiroso” y advirtió los posibles riesgos de las presuntas irregularidades en el T-MEC.
“Otra vez, Tartufo mentiroso y marrullero. Claro que México es soberano y puede cambiar su Constitución y sus leyes, pero si esos cambios afectan a los contratos celebrados con empresas extranjeras, debe indemnizarlas”, escribió el Jefe Diego en su cuenta personal de Twitter.
Adicionalmente, concluyó su mensaje alertando que, en caso de tener que indemnizar a las compañías, “las sanciones son multimillonarias”.
¿Cuáles son las inconformidades de Estados Unidos y Canadá?
Katherine Tai, Representante de Comercio de Estados Unidos, compartió un mensaje el pasado 20 de julio para dar a conocer que el gobierno Joe Biden había emitido peticiones de consulta a México para evaluar posibles inconsistencias con los compromisos adquiridos en el Tratado de Libre Comercio (T-MEC).
El motivo principal de estas peticiones es que, de acuerdo con las autoridades del país vecino, la política en materia energética de AMLO podría violar los acuerdos incluidos en el T-MEC, pues socavaría a las compañías extranjeras y la libre competencia para favorecer a la CFE y a Petróleos Mexicanos (Pemex).
Horas después, Alice Hansen, portavoz del Ministerio de Comercio Internacional, Promoción de Exportaciones y Pequeñas Empresas, dio a conocer que el gobierno de Canadá se sumaría a la decisión de Estados Unidos.
“Estamos de acuerdo con Estados Unidos en que estas políticas son inconsistentes con las obligaciones de México en el T-MEC”, puntualizó Hansen en una declaración a la agencia de noticias Reuters.
Esa misma noche, la Secretaría de Economía mexicana compartió que habían recibido la solicitud para el inicio de consultas por parte del gobierno canadiense. A partir de esa fecha, se estableció un periodo de hasta 75 días para solucionar la controversia.
En caso de que no se lograra, Canadá podrá solicitar el establecimiento de un panel para que decida sobre el asunto.
