El Senado aprobó un dictamen para prohibir y sancionar hasta con 12 años de prisión a quien realice o fomente terapias de reorientación sexual, conocidas como de conversión o Esfuerzos por Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (Ecosig).
La reforma, la cual modifica el Código Penal Federal y la Ley General de Salud, señala, primero, que se impondrá de 2 a 6 años de prisión y multa de 96 mil 220 pesos (mil UMAs) a 192 mil 440 pesos (2 mil UMAs) a quien realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica impida la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona.
Establece que la pena aumentará a 12 años y hasta 384 mil 880 pesos de multa cuando las conductas señaladas anteriormente se realicen en contra de personas menores de 18 años, adultos mayores o personas con alguna discapacidad.
Esta última sanción también será cuando la persona autora tenga con la víctima una relación laboral, docente, doméstica, médica o cualquiera de subordinación, o que se valga de la función pública para cometer el delito o cuando se emplee violencia física, psicológica o moral.
En caso de que quien cometa, fomente, obligue o financie este tipo de terapias se valga de la función pública, será castigado con la destitución e inhabilitación para desempeñar el cargo o comisión o cualquier otro de carácter pública o similar hasta por un tiempo igual a la pena impuesta. En caso de reincidencia, la inhabilitación será definitiva.
Además, cuando sea el padre, medre o tutor de la víctima los que incurran en las conductas mencionadas, se les aplicarán las sanciones de amonestación o apercibimiento a consideración del juez.
La reforma fue avalada con 69 votos a favor de Morena, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, Encuentro Social y Grupo Plural, mientras que hubo 16 abstenciones del PAN; ahora fue turnada a la Cámara de Diputados para su discusión y votación.
Durante la discusión, el panista Damián Zepeda comentó que ningún psicólogo se va a animar a dar una opinión en el tema de sexualidad de las personas por amenaza de ir a prisión, por lo que pidió cuidar la redacción de la minuta.
En tanto, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, afirmó que hay argumentos legales y científicos que demuestran que las terapias de conversión vulnera los derechos humanos de las personas por su orientación sexual.
“Es el momento en que los legisladores otorguemos a las personas que conforman la comunidad LGBTIQ+ el andamiaje jurídico adecuado, que les permita hacer realidad un reclamo justo y necesario, para que estén en condiciones de entender y comprender la realidad en que se desenvuelven, ya que no buscan redefinir su orientación sexual, sino darle un reconocimiento y sentido”, mencionó Monreal.
