Celdas diminutas de 1.5 metros cuadrados en el sótano del Palacio Municipal. Torturas, trabajos forzados, tratos crueles y degradantes. Y sistemáticas violaciones a los derechos humanos forman parte la denuncia realizada por Julián Ruiz Ayuso, poblador de Santo Domingo Teojomulco quien pasó ocho meses preso de forma ilegal.
En una denuncia pública a medios de comunicación y organismos de defensa de derechos humanos, el poblador narró que estuvo preso en dichas condiciones por órdenes de Othoniel Cruz Díaz, ahora expresidente municipal, sin cometer ningún delito, sólo por consumir droga.
El poblador denunció que con él estuvieron presas hasta 20 personas, a las cuales se les cobran multas de hasta 40 mil pesos y sólo se les permite visitas de familiares una vez a la semana por 15 minutos.
“En esas celdas duerme uno, ahí se encuentra el baño. En dicho espacio no entra la luz, está todo cerrado (…) y además nos obligan a realizar trabajos forzosos”, narró.
Según su testimonio, tras ocho meses preso en esa cárcel clandestina municipal y sin ser presentando ante el Ministerio Público, fue liberado el 31 de diciembre pasado ante el rumor de que autoridades estatales visitarían la comunidad.
“No nos dan de comer, la comida la lleva nuestra familia y el teniente en turno cuando quiere nos la entrega”, acusó.
Ruiz Ayuso agregó que con el cambio de nuevas autoridades, encabezadas por el edil Uriel León Vargas no ha cesado la persecución a su persona y fue expulsado de su comunidad, por lo que se le prohíbe volver. Ante ello denunció que teme por la integridad de su esposa e hijos que permanecen en Teojomulco.
También dio testimonio que en dicha cárcel permanecen retenidas cinco personas más desde hace cinco meses, incluidos Rubén Gutiérrez Silva y Erika Díaz Martínez, quienes eran administradores de la gasolinera comunitaria y a quienes se acusa de un desvío de recursos tras realizarse una auditoría llena de irregularidades.
“Doy testimonio de que Erika Díaz, que tiene una bebé de un año, está presa en esta cárcel clandestina municipal desde el 29 de mayo de 2022 y fue condenada a pasar 15 años en esas celdas, pese a que tiene un tumor en la cabeza”, señala su testimonio. Al otro administrador se le condenó a seis años preso.
Ante ello responsabilizó a las autoridades de Teojocomulco de lo que pueda ocurrirle a él o a su familia, así como al gobernador Salomón Jara y al defensor Bernardo Rodríguez Alamilla, quienes, dijo, están al tanto de esta situación sin intervenir, bajo el argumento de que la comunidad se rige por Usos y Costumbres.
Ante ello pidió la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), de la Fiscalía General de la República (FGR) y del presidente Andrés Manuel López Obrador, para que “intervengan de manera inmediata y cesen los actos de violaciones a mis derechos humanos, que pueda regresar a mi comunidad y estar con mi familia”, denunció.
Fuentes del gobierno de Oaxaca consultadas por EL UNIVERSAL aseguraron que ya hay acercamiento con las autoridades municipales de Teojomulco para atender la denuncia de las personas presas ilegalmente desde hace cinco meses.
