(Proceso).– En medio de la más completa opacidad el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está elaborando los nuevos libros de texto gratuitos, que lanzará para el ciclo escolar 2023-2024, sin haberlos sometido a la consideración de pedagogos, maestros y padres de familia, como lo marca la legislación en la materia.
Debido a la ilegalidad en que incurre la administración federal, la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) interpuso un juicio de amparo para frenar la impresión y distribución del material escolar para primaria y secundaria, argumentando que antes su contenido debió someterse a revisión. El 19 de mayo último obtuvieron la protección de la justicia por orden de la jueza en materia administrativa Yadira Elizabeth Medina Alcántara.
El encargado de despacho de la Presidencia de la UNPF, Israel Sánchez Martínez, aclara que su organización no está contra los libros de texto gratuito, “lo único que queremos saber es su contenido. Y si estos libros, que nadie conoce, se van a apegar a los planes y programas de estudio. Eso es todo”.
–¿La resolución de la jueza va en ese sentido?
–Por supuesto. Esa resolución no está impidiendo la impresión de los libros, ¡no!, de ninguna manera. Pide que antes se revele su contenido, pues la legislación exige “socializar” previamente toda esta información para asegurar que los libros no tengan errores al momento de imprimirse, como ha ocurrido en otras ocasiones.
“Imagínese que llegue el primer día de clase y hasta entonces se les entregue a los niños y maestros unos libros totalmente desconocidos. Y esto solamente porque el gobierno de López Obrador los está elaborando en la más completa opacidad, como si se tratara de un asunto de seguridad nacional”.
–¿Usted a qué atribuye que López Obrador oculta el proceso de elaboración de los textos?
–Trata de imponerlos. Estamos ante una imposición, como lo hacen los regímenes totalitarios. No quiere entablar un diálogo ni escuchar distintos puntos de vista. Sólo es válida su visión. Y esto implica imponer una ideología.
Sánchez Martínez explica que la Ley General de Educación, en sus artículos del 28 al 33, detalla que los libros de texto, junto con los planes y programas de estudio, antes de ser impresos deben ser analizados por pedagogos y expertos en desarrollo cognitivo, y también puestos a consideración de los maestros y padres de familia para así determinar si cumplen con los requisitos educativos.
“En estos momentos estos nuevos libros de texto gratuito, que el gobierno viene anunciando desde hace tiempo, ya deberían al menos haberse revisado por parte de los expertos, maestros y padres de familia. Pero todavía no hay nada de esto”, denuncia el directivo de la UNPF.
López Obrador, en su conferencia mañanera del 30 de mayo último, aseguró que ya “están lloviendo amparos” porque “los conservadores no quieren que se reformen los contenidos de los libros de texto”.
