(apro).- Casanova Vallejo, empresa proveedora de ambulancias y patrullas para los gobiernos, volvió a la lista de empresas inhabilitadas, a partir del 7 de junio de 2023. La firma había conseguido una suspensión a dicha sanción que sin embargo fue confirmada por la justicia administrativa.
Durante los siete meses en los que se suspendió la sanción, la empresa aglutinó 46 contratos por 139.2 millones de pesos, 39 por medio de asignaciones directas. Es decir, mientras litigaba contra un sector del gobierno, otras áreas del mismo la nutrían con millonarios contratos.
“Se comunica a las dependencias y entidades de la administración pública federal, a las empresas productivas del Estado, así como a las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la moral Casanova Vallejo S.A. de C.V.”, se informó en una circular del Diario Oficial de la Federación (DOF), publicada el pasado viernes 21 de julio.
En la descripción, se detalló que la compañía propiedad de los hermanos Carlos y Joaquín Echenique fue reactivada del 12 de noviembre de 2022 al 6 de junio de este año, día en que un Tribunal Colegiado dejó sin efectos la suspensión que le permitió ser elegida en compras pagadas con el erario.
El 19 de septiembre de 2022, el Órgano Interno de Control del ISSSTE dictaminó que Casanova Vallejo fuera inscrita en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados por 45 meses, por lo tanto, no podría ser contratada con recursos públicos hasta 2026, además de que debía cubrir una multa por dos millones 164 mil pesos.
El castigo se originó en irregularidades correspondientes al convenio AD-CS-DNAF-SRMS-024/2022 por el que se arrendaron 545 ambulancias durante la primera mitad de 2022, por un monto de 113 millones de pesos.
Al dar a conocer la sanción, no se desmenuzaron las irregularidades, pero sí quedaron asentadas en el amparo 1707/2022. En el desglose se observa que no se reemplazaron las unidades al llegar a los 300 mil kilómetros; que se entregaron vehículos con antigüedad mayor a cinco años, lo que superaba la vida útil establecida por Hacienda.
Además, tampoco se realizaron los trámites de emplacamiento en las entidades federativas correspondientes; y finalmente, no se brindaron unidades con kilometraje inferior a 150 mil kilómetros como preveía el contrato.
Entre las faltas, documentos solicitados por transparencia incluyeron una nota periodística de “El Mañana de Tamaulipas”, en la que se describió que los traslados de pacientes quedaron interrumpidos, ya que las únicas dos ambulancias disponibles reportaban fallas mecánicas.
En el segundo semestre del año pasado, Casanova Vallejo persistió como arrendadora de ambulancias en el ISSSTE. Incluso cuando este contrato no fue tomado como base de la inhabilitación, en el periodo dos paramédicos y un usuario tuvieron que salir corriendo de uno de sus vehículos mientras circulaban por avenida Revolución de la CDMX, ya que la unidad comenzó a despedir humo para luego explotar e incendiarse.
Sin importar los riesgos, durante los siete meses que la compañía volvió a los concursos públicos, el Instituto que dirige Pedro Zenteno le volvió a rentar ambulancias por adjudicación directa, aunque en esta ocasión por 12 millones 360 mil pesos.
Semarnat, Secretaría del Trabajo, DIF, IMSS y Hacienda son algunas de las dependencias y organismos que han contratado a Casanova Vallejo en lo que va de 2023, aunque el más alto se celebró con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) por 45 millones 279 mil pesos, también sin concurso de por medio.
Casanova Vallejo es parte de las indagatorias en una auditoría que ha impedido acceder a las proposiciones, evaluaciones, fallo y contrato, que resultaron del proceso GESAL-197-287/2022, con el que la empresa consiguió mil 171 millones de pesos del gobierno de Miguel Barbosa en Puebla, para la compra de mil vehículos nuevos tipo patrulla con equipamiento policial.
