(apro).- El hallazgo, con señales de agresiones, del cuerpo de Yaretzy, una menor de 12 años que había salido de su hogar a buscar material de papelería para una tarea escolar, generó la retención y amarre de elementos de la policía local y el alcalde Sergio Meléndez Rubio, en el municipio de Chapulhuacán, situado en la Sierra Gorda de Hidalgo.
El edil y sus agentes fueron liberados tras la intervención de la Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSPH). La reacción de los pobladores ocurrió después de que ellos detuvieran a un sujeto al que señalaban como el probable responsable del asesinato de la joven, mismo que fue resguardado por la corporación municipal ante el amago de un linchamiento.
Esta situación enardeció a los habitantes, quienes lo vieron como un acto de protección a quien acusaban de ser el agresor, además de exigir que interviniera el gobierno estatal, porque, reclamaban, no confiaban en las autoridades del ayuntamiento.
La Procuraduría General de Justicia de la entidad (PGJEH) confirmó que el cadáver, con signos de violencia, fue localizado por la policía local en la comunidad de San Rafael. Tras la notificación al ministerio público, arribó al sitio el personal de la dependencia para procesar el lugar, recabar indicios y hacer el levantamiento del cuerpo.
En el Servicio Médico Forense (Semefo), a donde fue trasladado el cadáver, le practicaron una necropsia, con la que, de acuerdo con la PGJEH, “se conoció la causa de muerte”. Por éste y los primeros elementos recabados, se inició una carpeta de investigación bajo el protocolo de feminicidio.
En un comunicado, el Gabinete de Seguridad que integra la Secretaría de Gobierno con la procuraduría y Seguridad Pública notificó que aproximadamente a las 19:00 horas del domingo 9 de junio recibieron un reporte sobre el hallazgo del cuerpo de una menor, el cual, reconocieron, fue violentado.
Mientras agentes adscritos al Mando Coordinado implementaban un operativo de búsqueda para la localización del probable responsable, pobladores de San Rafael retuvieron a un joven a quien señalaban como probable responsable.
El informe refiere que para rescatar a esta persona, también menor de edad, elementos de seguridad intervinieron, supuestamente ante la advertencia de un linchamiento; sin embargo, los habitantes de la localidad se inconformaron porque vieron la acción como una posibilidad de que evadiera la presunta responsabilidad.
Lo anterior, porque reclamaban que aunque la policía municipal fue puesta como el primer respondiente, cuando Yaretzi no regresaba a su hogar familiares, vecinos se organizaron para ir a buscarla, hasta que encontraron el cuerpo en un terreno baldío con signos de abuso y una herida en el cuello.
El Gabinete de Seguridad afirmó que la persona que los integrantes de la comunidad acusaron fue presentada “ante a la autoridad competente para llevar a cabo las investigaciones conforme a ley”.
Reconoció que “la población retuvo a policías y al alcalde por algunas horas”; no obstante, afirmó que durante ese lapso “prevaleció el diálogo y lo estipulado en la ley de protocolo para prevenir un altercado de mayores consecuencias”.
Junto a Meléndez Rubio, fueron amarrados elementos de la corporación municipal, a quienes les retiraron los instrumentos operativos a su cargo. Inicialmente, fueron los policías los retenidos. Para ponerlos en libertad, los ciudadanos exigían la presencial del alcalde, pero cuando llegó, y tras reclamarle deficiencias en seguridad que, afirmaban, derivaron en el asesinato de la menor, lo colocaron, también atado, junto a sus subalternos.
El ayuntamiento emitió un pronunciamiento sobre “este reprobable y doloroso acto”, por el cual, afirmó, se llevan a cabo investigaciones.
En tanto, el Gabinete de Seguridad refirió en su comunicado: “La ley señala que la justicia por propia mano no es la solución adecuada y puede poner en riesgo la integridad de otras personas”, además de añadir que “las instancias y dependencias implicadas coadyuvan en todo momento, desde el ámbito de su competencia, con las autoridades investigadoras y judiciales, a fin de procesar legalmente a las personas relacionadas con hechos que lastiman a la sociedad”.
