El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) solicitó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) entregar información que fue solicitada respecto a las declaraciones patrimoniales de 23 ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) que participaron en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
Por seis votos contra dos, el Pleno de la SCJN determinó que es infundado el recurso de revisión en materia de seguridad nacional previsto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, promovido por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
Esto en contra de la resolución del 6 de julio de 2022, emitida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en un recurso de revisión, donde se ordenó a la SFP entregar la versión pública de las declaraciones patrimoniales y de intereses de 23 ingenieros militares residentes de obra en el AIFA.
El ministro Javier Laynez Potisek, ponente en este asunto, resaltó que ninguno de los documentos públicos ofrecidos acredita que entregar la versión pública de las declaraciones patrimoniales y de interés de los ingenieros militares residentes de obra en el AIFA afecte la coordinación interinstitucional en materia de seguridad nacional o revele datos que puedan ser aprovechados para conocer la capacidad de reacción del Estado Mexicano, ni con pruebas directas, ni tampoco con pruebas indirectas.
Los ministros consideraron que los elementos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, como servidores públicos, están sujetos al régimen de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Indicaron que están obligados a la presentación de declaraciones patrimoniales y de intereses, las que deberán hacerse públicas, en los términos dispuestos por la normativa aplicable.
Los ministros detallaron que la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal no aportó pruebas directas o indirectas para demostrar que entregar los documentos representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio a la seguridad nacional.
Esto contrariamente a lo aducido por la Consejería, en el asunto ahora resuelto los documentos solicitados únicamente permitirían conocer la evolución patrimonial de 23 ingenieros militares, sin que se demostrara que ello pondría en peligro la coordinación interinstitucional en materia de seguridad nacional.
Comentaron que los agravios de la Consejería recurrente, consistentes en que algún día, en el futuro, los 23 ingenieros militares podrían ejercer el mando de una unidad operativa, se basaron en supuestos hipotéticos, futuros e inciertos, sin demostrar que la entrega de las declaraciones patrimoniales y de intereses obstaculicen su actuación en ese caso.
Esto como consecuencia de lo anterior, La Corte confirmó la resolución del Pleno del Instituto, dictada en un recurso de revisión, el 6 de julio de 2022.
El ministro Arturo Zaldívar y la ministra Yasmín Esquivel, votaron en contra del proyecto y a favor los ministros: Norma Lucía Piña, Alfredo Gutiérrez, Juan Luis González Alcántara, Roberto Pérez Dayán, Jorge Mario Pardo y Laynez.
