La estrategia de seguridad pública del actual gobierno “está dando resultados concretos para devolver la paz a los mexicanos”, con un enfoque que no sólo busca perseguir y sancionar delitos, sino también atender las causas que originan la violencia, de acuerdo con el quinto Informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La actual administración resaltó que en el marco de dicha estrategia, “se fortaleció el marco jurídico” para que las fuerzas armadas realicen labores de seguridad pública “de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”, en colaboración con los cuerpos policiacos de los tres niveles de gobierno.
Uno de los logros destacados en el Informe es que disminuyó la percepción de inseguridad, pues de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, elaborada por el Inegi, ese indicador bajó a 62.1 por ciento en marzo de 2023, “su nivel más bajo desde que se tiene registro”, lo que significa una mejora de 11.6 puntos porcentuales en relación con diciembre de 2018, cuando era de 73.7 por ciento.
Por otra parte, el documento entregado ayer por López Obrador afirmó que los crímenes del fuero federal disminuyeron en promedio 27 por ciento de septiembre de 2022 a junio de 2023, como los delitos financieros (70 por ciento), los patrimoniales (48.2 por ciento) y los fiscales (39 por ciento), todo ello en comparación con el mismo periodo de 2018 a 2019.
Según el Informe, también los delitos del fuero común registraron una tendencia a la baja, pues “el número de víctimas de secuestro se redujo en 58.3 por ciento, el robo de vehículos en 40.6 por ciento, el robo total, 24.3 por ciento, y el homicidio doloso, 11.4 por ciento”.
En el descenso de estos niveles delictivos, sostuvo el documento, “ha sido fundamental el despliegue y operación de la Guardia Nacional”, cuyo surgimiento en 2019 “se ha acompañado del fortalecimiento a las instituciones de seguridad pública en estados y municipios, mediante el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, con mejores condiciones salariales, equipamiento, profesionalización y certificación”.
A decir del reporte presidencial, “al 30 de junio de 2023, 83.9 por ciento de los 218 mil 61 elementos de seguridad estatal y municipal activos cuentan con certificado único policial, cifra que significa cuatro veces más que el 20.8 por ciento acreditado en 2018”.
También se refiere la detención de 2 mil 400 “generadores de violencia” desde noviembre de 2021, los cuales son responsables de delitos graves, además de la puesta en marcha de la estrategia de “constructores de paz, cuyo objetivo es prevenir el delito y las adicciones en jóvenes, sobre todo en los municipios prioritarios del país”.
En el documento –de mil 404 páginas en total– se subrayó que “no se toleran los atropellos desde el poder en contra de la ciudadanía”, para lo cual se han impartido cursos de capacitación y sensibilización a servidores públicos en temas como feminicidio, grupos históricamente discriminados, migrantes, personas privadas de la libertad, violencia de género, derecho a la salud, personas mayores, tortura, periodistas y defensores de derechos humanos.
Un punto más de la estrategia de seguridad de este gobierno es “reformular el combate a las drogas”, con acciones dirigidas a enfrentar las adicciones con un enfoque de salud pública, a fin de promover la desintoxicación y reinserción social de las personas consumidoras.
Se pusieron en marcha programas de desarme voluntario y “dignificación” de las cárceles, en este último caso con actividades de reinserción social, fortalecimiento de la seguridad y modernización de servicios e instalaciones.
Asimismo, el gobierno reportó que ha mejorado sus capacidades tecnológicas de investigación en temas de inteligencia estratégica, especialmente en el terreno de ciberdelincuencia, “con acciones de vigilancia, identificación, monitoreo y rastreo en la red pública de Internet”.
