Un número récord de familias migrantes cruzó la frontera entre Estados Unidos y México en agosto, según datos preliminares obtenidos por The Washington Post, una afluencia que ha trastornado los esfuerzos de la administración Biden para disuadir a los padres de ingresar ilegalmente con niños y podría volver a colocar la inmigración en el centro de atención. durante la carrera presidencial de 2024.
La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos arrestó al menos a 91.000 migrantes que cruzaron como parte de un grupo familiar en agosto, superando el récord anterior de un mes de 84.486 establecido en mayo de 2019, durante la administración Trump. Las familias fueron el grupo demográfico más grande que cruzó la frontera en agosto, superando a los adultos solteros por primera vez desde que Biden asumió el cargo.
En general, los datos muestran que las detenciones en la frontera han aumentado más del 30 por ciento durante dos meses consecutivos, después de caer drásticamente en mayo y junio cuando la administración Biden implementó nuevas restricciones y oportunidades de entrada. La Patrulla Fronteriza realizó más de 177.000 arrestos a lo largo de la frontera con México en agosto, frente a 132.652 en julio y 99.539 en junio.
Erin Heeter, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, dijo que la administración Biden está tratando de frenar las entradas ilegales ampliando las opciones legales y también endureciendo las penas. El gobierno incrementó los vuelos de deportación que transportaban familias en agosto, dijo, y desde mayo ha repatriado a más de 17.000 padres e hijos que recientemente cruzaron la frontera en grupos familiares.
“Pero como cada año, Estados Unidos está viendo flujos y reflujos de inmigrantes que llegan impulsados por tendencias estacionales y los esfuerzos de los contrabandistas para utilizar la desinformación para aprovecharse de los inmigrantes vulnerables y alentar la migración”, dijo Heeter en un comunicado.
Los grupos familiares han sido un talón de Aquiles para la aplicación de la ley de inmigración en Estados Unidos durante más de una década. La mayoría de los migrantes de esa categoría que son detenidos por agentes de la Patrulla Fronteriza son liberados rápidamente y se les permite vivir y trabajar en Estados Unidos mientras sus solicitudes humanitarias están pendientes. Los atrasados tribunales de inmigración estadounidenses suelen tardar varios años en llegar a una decisión, y el proceso rara vez termina en la deportación, según muestran datos federales.
El último aumento, que se produce en medio del pico de calor del verano, subraya hasta qué punto la aplicación de la ley de inmigración en Estados Unidos ha cerrado el círculo desde el mandato de Donald Trump, cuando el Departamento de Seguridad Nacional enfrentó una afluencia de familias que cruzaban desde México y durante varios meses intentó sacar a los niños de sus hogares. padres como elemento disuasivo.
Los funcionarios de Trump finalmente redujeron los cruces de familias al expandir agresivamente el programa “Permanecer en México”, que envió a miles de solicitantes de asilo de regreso al otro lado de la frontera para esperar, muchos de ellos en condiciones miserables, mientras sus solicitudes eran juzgadas en los tribunales estadounidenses.
Cuando la pandemia golpeó a principios de 2020, Trump utilizó una disposición del Título 42, el código de salud pública de Estados Unidos, para expulsar rápidamente a quienes cruzaban la frontera a sus países de origen o a México sin posibilidad de solicitar asilo. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos llevó a cabo 3 millones de expulsiones, incluidas familias, entre marzo de 2020 y mayo de 2023, según muestran los registros.
El presidente Biden, quien se postuló para el cargo prometiendo un trato más humano para los migrantes, suspendió Permanecer en México y cerró los tres centros de detención para familias operados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. Biden ha reemplazado la política pandémica con nuevas medidas que permiten que decenas de miles de inmigrantes más vengan legalmente a Estados Unidos cada mes, pero dificultan la liberación de quienes cruzan ilegalmente después de presentar una solicitud de asilo.
Los datos más recientes de Aduanas y Protección Fronteriza muestran que más de 50.000 migrantes fueron procesados en agosto en los cruces fronterizos de Estados Unidos, donde la administración Biden permite que hasta 1.450 por día programen una cita para ingresar al país legalmente utilizando una aplicación móvil. Eso aumentó el número total de migrantes encontrados por la CBP en la frontera sur en agosto -en cruces legales o en otros lugares- a alrededor de 230.000, el total mensual más alto de este año calendario.
Un programa separado de Biden acepta aproximadamente 30.000 solicitantes por mes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que obtienen autorización para vivir y trabajar en Estados Unidos durante dos años si cuentan con un patrocinador financiero y verificaciones de antecedentes claras. El programa, conocido como libertad condicional, permite a los beneficiarios volar a Estados Unidos en lugar de cruzar la frontera.
Ambos programas enfrentan desafíos en tribunales federales por parte de funcionarios de estados liderados por republicanos.
Los cruces ilegales de inmigrantes procedentes de países elegibles para la libertad condicional han disminuido drásticamente. Pero los registros de la CBP muestran aumentos importantes este verano en la migración desde Guatemala, Honduras, Ecuador, Perú y una serie de naciones de Asia y África. La llegada de miles de padres con hijos a zonas remotas en medio de temperaturas de tres dígitos es un gran desafío humanitario, lingüístico y logístico.
La administración Biden ha ampliado la red de la agencia fronteriza de instalaciones de tiendas de campaña “blandas” con clima controlado con personal médico y trabajadores sociales disponibles para ayudar a cuidar a los niños. Pero muchas familias todavía se encuentran por primera vez con las estaciones tradicionales de CBP, que tienen celdas de detención sombrías y sin ventanas con bancos de concreto y fueron diseñadas como instalaciones de detención a corto plazo para adultos.
Blas Núñez-Neto, el principal funcionario de política fronteriza de la administración Biden, dijo en una presentación ante un tribunal federal la semana pasada que los esfuerzos bipartidistas para controlar la frontera ayudaron a reducir los cruces ilegales de más de 1 millón al año hace décadas a menos de 400.000 al año, en promedio. , de 2011 a 2017.
Pero el estancamiento partidista se ha intensificado y la composición demográfica de los inmigrantes ha cambiado. Las autoridades observaron un marcado aumento de familias y menores no acompañados que llegaban a la frontera sur. Algunos han sido blanco de violencia en sus países de origen que podría hacerlos elegibles para programas humanitarios. Pero otros confían en las promesas de los contrabandistas, quienes les dicen que es mucho menos probable que las familias sean deportadas.
El recuento de agosto eleva el número total de “unidades de familiares” que se entregaron en la frontera sur durante el actual año fiscal a más de medio millón de personas, una cifra récord, cuando queda un mes más para contar.
La administración Biden ha enviado mensajes contradictorios sobre la deportación de familias.
Durante su primer año en el cargo, Biden se comprometió a reunir a las familias que Trump había separado y a proteger a las familias indocumentadas que ya viven dentro de Estados Unidos. En 2021, los funcionarios de la administración Biden pusieron fin a la detención de inmigrantes familiares y declararon que las escuelas y los “lugares donde se reúnen los niños” estaban fuera de los límites de la aplicación de la ley de inmigración. Las autoridades dijeron que no detendrían ni deportarían a mujeres que estén embarazadas o amamantando.
Pero los funcionarios dijeron que continuarían deportando a familias que habían cruzado recientemente la frontera, preocupados de que si no lo hacían, su número abrumaría las instalaciones de la Patrulla Fronteriza. En los últimos meses, funcionarios de la administración Biden han celebrado conferencias de prensa con medios de comunicación en español y publicado imágenes de vuelos de deportación que transportaban niños para disuadir a las familias de intentar cruzar.
La administración Biden también ha creado programas de aplicación de la ley dirigidos a las familias: en 2021, funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional y del Departamento de Justicia crearon un expediente judicial de inmigración “dedicado” en 11 ciudades para adjudicar casos familiares dentro de los 300 días posteriores a la audiencia inicial. El sistema acelerado, que no es para todas las familias, es mucho más rápido que el tiempo habitual para los tribunales de inmigración atrasados.
El programa opera en Boston, Denver, Detroit, El Paso, Los Ángeles, Miami, Newark, Nueva York, San Diego, San Francisco y Seattle. Los defensores de los inmigrantes dicen que el sistema es injusto porque miles de inmigrantes no han podido encontrar abogados y no está claro cómo se asigna a las familias al expediente más rápido.
En mayo, los funcionarios de Biden lanzaron el programa de Gestión de Deportación Acelerada de Familias, o FERM, que coloca a algunos jefes de familia bajo monitoreo por GPS y en el proceso de deportación por vía rápida. Estas familias también tienen toques de queda obligatorios desde las 11 p.m. a 5 a.m. CBS News informó el jueves que menos de 100 familiares han sido deportados de ese programa.
“FERM es un elemento de las operaciones del DHS para hacer cumplir la ley de inmigración estadounidense y expulsar a personas y familias sin una base legal para permanecer en el país”, dijo Heeter del DHS.
El DHS ha expulsado o devuelto a más de 200.000 inmigrantes recién llegados desde mayo, dijo Heeter, una cifra que incluye a los 17.000 que llegaron a Estados Unidos como parte de un grupo familiar.
En el año fiscal 2019, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas deportó a más de 5,700 personas que habían ingresado a los Estados Unidos como parte de un grupo familiar, más del doble que el año anterior, según un informe federal.
Las deportaciones familiares oficiales aumentaron a casi 14.500 en 2020 y luego se redujeron durante la pandemia, cuando las políticas habituales del gobierno fueron reemplazadas por expulsiones rápidas bajo el Título 42 que no conllevaban las mismas sanciones legales que una deportación.
(c) 2023, The Washington Post
