Víctor Mauricio Becerra Casas ha sido condenado a 33 años de prisión porque vendía a su hija menor de edad durante la pandemia.
Un juez después de que el Ministerio Público de la Fiscalía del Estado de México demostrara que obligaba a su hija de 17 años a tener relaciones sexuales con otros individuos en cuarentena por Covid-19.
Las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México han anunciado que Víctor Mauricio Becerra Casas y Alejandro Ramón Ortiz han sido sentenciados por el delito de trata de personas en perjuicio de una joven que tenía 17 años en el año 2019, cuando ocurrieron los hechos.
En el juicio, el Ministerio Público presentó pruebas que llevaron al juez a imponer una pena de 33 años y 9 meses de prisión para Víctor Mauricio Becerra Casas por el delito de trata de personas en la modalidad de explotación sexual, además de una multa de 2 millones 237 mil pesos.
Asimismo, Alejandro Ramón Ortiz fue condenado a 31 años y 6 meses de prisión y deberá pagar una multa de 1 millón 876 mil 290 pesos por el delito de trata de personas, en la modalidad de la acción dolosa de una persona que, con pleno conocimiento de su condición de trata, utilizó los servicios de otra persona con fines ilícitos contemplados en la ley general para prevenir, sancionar y erradicar los delitos relacionados con la trata de personas, así como para la protección y asistencia de las víctimas de dichos delitos.
Padre llevaba a su hija a un domicilio para que tuviera sexo con un hombre a cambio de dinero
La investigación realizada por la Fiscalía mexiquense reveló que a principios de febrero de 2019, Víctor Mauricio comenzó a llevar a su hija de 17 años a un domicilio en la calle Vasco de Quiroga, colonia Emiliano Zapata, en el municipio de Atizapán de Zaragoza, donde la forzaba a mantener relaciones sexuales con Alejandro Ramón Ortiz a cambio de dinero.
En caso de que la víctima se negara a acceder a las demandas del sujeto, su padre la amenazaba con violencia física. Estos abusos continuaron hasta marzo de 2022.
Tras la denuncia de este delito ante la Fiscalía estatal, los investigadores llevaron a cabo una exhaustiva labor de investigación que incluyó trabajo de campo y gabinete, recopilando datos y pruebas que fueron presentados ante el juez. Este último emitió órdenes de aprehensión contra los implicados.
Ambos individuos fueron detenidos por agentes de la Policía de Investigación (PDI) en operativos separados y fueron trasladados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, donde quedaron a disposición del juez. Tras un proceso legal, se dictaron las sentencias de condena correspondientes.
