(apro).- En la aplicación de sus programas sociales, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador sigue operando con márgenes de discrecionalidad, pues las dependencias que distribuyen los apoyos enfrentan problemas en la supervisión de los padrones de beneficiarios o en la reglas de sus programas, según detectó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Así, en el programa La Escuela es Nuestra, encabezado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) durante la gestión de Delfina Gómez Álvarez, el gobierno entregó cerca de 13 mil millones de pesos a escuelas para rehabilitar los planteles o implementar servicios de alimentación. Cuando la ASF preguntó por el destino de los recursos, la dependencia le reviró que no podía contestar, pues “los subsidios son entregados de manera directa” a las escuelas, las cuales hacen con estos recursos lo que quieren.
Aparte, según la ASF, la SEP incumplió con sus propios lineamientos, pues entregó recursos a más de 30 mil escuelas –un 70% del total-- que no integraron “comités de contraloría social”, en los cuales padres de familia deberían de decidir el uso de los recursos.
En la segunda entrega de informes de auditoría sobre la Cuenta Pública 2022, la ASF publicó los resultados de algunas revisiones a programas sociales del gobierno federal, los cuales no incluyeron los que más recursos distribuyen, como el de pensiones para personas mayores o el de Sembrando Vida. En febrero de 2024, la ASF dará a conocer la tercera entrega de informes sobre la Cuenta Pública de 2022, la cual debería incluir auditorías más de fondo sobre programas y obras de infraestructura de la llamada Cuarta Transformación.
Al igual que en años anteriores, la ASF observó que la Secretaría de Bienestar opera programas sociales sin manuales de organización actualizados, con protocolos mal diseñados y sin tomar en cuenta las observaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
En el reparto de los 2 mil 640 millones de pesos del “Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadores”, la ASF observó que la dependencia “no reportó en la Cuenta Pública el monto real ejercido en el programa, ya que no incluyó reintegros realizados por apoyos económicos no entregados a los beneficiarios”.
De acuerdo con el órgano fiscalizador, la Sebien entregó apoyos a 335 mil 237 beneficiarios de ese programa en 2022; la ASF seleccionó una muestra de mil 186 expedientes, de los cuales 647 estaban incompletos y 32 simplemente no existían, lo que motivó el organismo fiscalizador a emitir una promoción de responsabilidad sancionatoria.
Aparte, la ASF señaló que el programa sufrió por la falta de procedimientos que regulen la incorporación de beneficiarios, y de mecanismos de control para dejar constancia del “seguimiento de los recursos y acciones del programa”, y tampoco contó con mecanismos para “realizar los levantamientos de campo por parte del personal de apoyo”.
Al revisar los 955 millones de pesos destinados a los “Microcréditos para el Bienestar” –mejor conocido como las “Tandas del Bienestar”--, la ASF detectó que la dependencia tiene bases de datos de beneficiarios no actualizadas, y no pudo validar que los expedientes “se encontraban debidamente integrados”. Observó además que las cifras que la Secretaría de Bienestar reportó en la Cuenta Pública de la Hacienda Pública “no corresponden con las reportadas en los estados de cuenta bancaria del Fideicomiso de Microcréditos para el Bienestar”.
En el programa de “Producción para el Bienestar”, al que el gobierno destinó más de 13 mil millones de pesos el año pasado, la ASF identificó pagos a 38 beneficiarios que habían fallecidos entre 1 y 529 días antes; lo mismo sucedió en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), que entregó apoyos a –muy pocas-- personas fallecidas o con expedientes inexistentes, y realizó pagos a miles de jóvenes que, al mismo tiempo, trabajaban en el sector público o privado, una muestra según la ASF que “la STPS tampoco contó con controles suficientes para validar, antes de la vinculación de los beneficiarios al programa, que éstos no se encontraban trabajando”.
De hecho, según la ASF, el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro debe su éxito principalmente a la contratación de jóvenes por parte del sector público: de una muestra de 17 mil 58 aprendices capacitados en cuatro estados, 14 mil 178 habían laborado en instituciones públicas; otras 2 mil 391 con empresas, y apenas 489 con personas físicas.
En los programas de mejoramiento urbano de Sonora y de Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) tuvo varias deficiencias en las obras, incluyendo sobrecostos y “deficiente planeación de los trabajos a ejecutar”, y dejó 96 millones 760 mil pesos por aclarar.
