La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) confirmó la falsedad de la licencia de conducir utilizada para encarcelar a Rosario Robles, ex Secretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en el sexenio de Enrique Peña Nieto, en el marco del caso conocido como la “Estafa Maestra”.
MÉXICO, DF., 21MARZO2014.- Recorrido por Hidalgo del candidato a la presidencia del PRI Luis Donaldo Colosio, por las poblaciones indígenas de Hidalgo. El 23 de marzo de 1994, el candidato del PRI a la presidencia, Luis Donaldo Colosio, arribó al mitin en Lomas Taurinas, Tijuana, sin saber que serían las últimas palabras que pronunciaría. El mensaje era asegurar el voto de los priistas en aquella zona popular de Tijuana. Mientras caminaba entre la multitud recibió dos disparos de bala, el primero le atravesó la cabeza y el segundo el abdomen. El “asesino solitario”, como llamarían a Mario Aburto, provocó, según lo oficial, la muerte del candidato. Colosio falleció en el Hospital General de Tijuana.
Después de cinco años de investigación, se ha señalado a un empleado de la Secretaría de Movilidad (Semovi), identificado como Pánfilo Escobedo, de haber expedido el documento apócrifo.
En septiembre de 2019, durante el combate legal contra la prisión preventiva impuesta por el juez Felipe Delgadillo Padierna, la defensa de Rosario Robles presentó la mencionada licencia, que ellos mismos afirmaban era falsa, pero que fue utilizada por la Fiscalía General de la República (FGR) para argumentar a favor de la medida cautelar.
Dicho documento fue determinante para que Robles fuera sentenciada a tres años de prisión preventiva sin comprobársele delito alguno hasta la fecha.
La audiencia inicial para procesar a Escobedo por los delitos de falsificación y uso indebido de documentos está programada para el próximo 24 de febrero. Este caso resalta la presentación deliberada de un documento falso por parte de la FGR ante un juez federal, con el propósito de justificar la detención de Robles.
La licencia usada por la FGR sirvió para que el juez Delgadillo Padierna argumentara que Robles había mentido sobre la dirección de su domicilio, por lo que determinó que esta factor sumado a su capacidad económica podían alimentar un riesgo de fuga.
A decir del bufete de abogados que la defendió, se trataba de un documento apócrifo que en su momento fue refutado. “El Ministerio Público presentó este documento con datos, firma y fotografía falsos. En él se puede observar que la fotografía fue tomada tal vez de Internet, la firma no corresponde con la de nuestra defendida y con datos que no corresponden con el domicilio de Rosario Robles”, apuntaron en su momento.
La licencia apócrifa señalaba en la base de datos de la Semovi que el domicilio de Robles Berlanga era la calle de Tennyson s/n, colonia Axotla, en la alcaldía Álvaro Obregón. Sin embargo, la calle Tennyson está ubicada en Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo.
De acuerdo con lo recabado por la periodista Lourdes Mendoza, las dos licencias de conducir que fueron presentadas en el juicio habían sido tramitadas y expedidas en 2018. Una tenía dirección de Coyoacán (la real) y otra de Polanco.
Por ello, la defensa tachó estas acciones de “arbitrarias” y fuera de toda lógica.
La implicación de un funcionario de bajo rango en la creación de un documento falso abre interrogantes sobre quién podría haber ordenado tal acción.
Rosario Robles, quien salió de la cárcel de Santa Martha Acatitla en agosto de 2022, aún no ha emitido comentarios sobre esta reciente revelación.
Su caso sigue generando controversia en el ámbito político y judicial del país, destacando la complejidad y las implicaciones de la corrupción y el mal manejo administrativo en el sistema de justicia mexicano.
La “Estafa Maestra” se refiere a un esquema de corrupción y desvío de fondos públicos a través de contratos fraudulentos entre entidades gubernamentales y universidades públicas, así como empresas fantasma, que resultó en la pérdida de millones de pesos destinados a proyectos de desarrollo.
Las autoridades acusaron a Robles de omisión, argumentando que, bajo su gestión, estos desvíos se llevaron a cabo sin que ella tomara medidas para prevenirlos o sancionarlos. Pese a la magnitud, ella fue la única persona ligada al caso que llevó un proceso.
