El presidente, Andrés Manuel López Obrador, insiste en una transformación de fondo del sistema electoral. En la tercera iniciativa que presenta en lo que va de su sexenio ha revivido sus anteriores propuestas que han sido desechadas: la primera por falta de votos y la segunda, dividida en dos partes, por inconsistencias en el proceso legislativo. Entre otros aspectos insiste en desaparecer el Instituto Nacional Electoral (INE) y crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), con mayor injerencia del Gobierno y competencias más comprimidas; eliminar a diputados y senadores plurinominales; elección de consejeros electorales y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por voto popular. Disminuye de 11 a siete el número de consejeros electorales y su periodo de permanencia de nueve a seis años. Como adelantó el mandatario en días pasados, abre más la puerta a las consultas populares: reduce al 30% la participación requerida para que los resultados sean vinculatorias. La propuesta de reforma constitucional también reduce a la mitad el financiamiento a los partidos políticos.
La reforma, parte del paquete de 20 iniciativas enviadas por el mandatario mexicano, no ha tenido cambios sustanciales en comparación con las dos primeras propuestas que ya habían sido enterradas en el Congreso. Establece la reducción de 500 a 300 los integrantes la Cámara de Diputados y de 128 a 64 el Senado, eliminando a los legisladores de representación proporcional o plurinominales. Como parte de las modificaciones a 18 artículos de la Constitución desaparecen los Organismos Públicos Locales y centraliza las elecciones locales y federales en el nuevo instituto.
Se reduce a la mitad el financiamiento público a los partidos políticos para su trabajo ordinario y se regulan las aportaciones privadas. El monto se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 33% del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Actualmente la fórmula es del 65%. El 30% de la cantidad que resulte se distribuirá entre los institutos políticos en forma igualitaria y el 60% restante de acuerdo con el porcentaje de votos que haya obtenido en la elección de diputados inmediata anterior. En su primera propuesta establecía la eliminación total de estos recursos y abría de par en par la puerta a los apoyos externos.
La reforma presidencial necesita forzosamente los votos de la oposición para que pueda transitar. Por tratarse de una modificación a la Constitución requiere de mayoría calificada en el Congreso, es decir, dos tercios de los votos: 334 en la Cámara de Diputados y 85 en el Senado. Las fracciones parlamentarias del PAN, PRI y PRD ya han adelantado su voto en contra de “cualquier propuesta que atente contra el orden democrático”. Para la elección de consejeros cada uno de los poderes postulará hasta 10 personas de manera paritaria: el presidente de la República; el Senado cinco y la Cámara de Diputados, cinco y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hasta diez personas por mayoría de seis votos. Los diputados recibirán la lista para verificar que se cumplan con los requisitos y posteriormente los remitirá al INEC para la organización del proceso de elección.
El mandatario ha cumplido con su amenaza y propone tocar al TEPJF con la desaparición de los tribunales locales y la elección de los magistrados de la Sala Superior por voto directo en las urnas también previa postulación del presidente de la República (10 propuestas), el Congreso de la Unión (10) y el Poder Judicial (10). En este caso el Senado será quien limpie las listas para posteriormente enviarlas al INEC para la organización de la elección. En sus artículos transitorios, López Obrador establece que la elección de consejeros y magistrados se realizará el 25 de junio de 2025, con ello serán destituidos los actuales integrantes de ambos organismos.
Sobre la consulta popular y la revocación de mandato el presidente mexicano ha propuesto reducir del 40% al 30% la participación requerida de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, para que sus resultados sean vinculatorios. Además se modifica la fecha para realizar ambos ejercicios ciudadanos para el mismo día en el que se elijan diputados. La redacción actual del texto constitucional establece que no pueden coincidir jornada electoral alguna en cualquiera de los dos procesos.
En el que parece ser su último intento para reformar el sistema electoral, el mandatario amplía el catálogo de temas que no pueden ser sometidos a consulta popular, incluyendo el sistema fiscal (sus bases, tasas y tarifas). También pone candado a cualquier tema relacionado con la organización, funcionamiento y disciplina de la Guardia Nacional. Pero elimina las restricciones de aquellas vinculadas con la materia electoral y las obras de infraestructura en ejecución, es decir éstas sí podrán ser sujetas a referéndum.
Las reformas y adecuaciones han de realizarse en un plazo máximo de un año, se lee en sus artículos transitorios. El INE y el TEPJF deberán renovar las consejerías y magistraturas a partir de la fecha de entrada en vigor del decreto. La iniciativa se alista para ser remitida el próximo miércoles a comisiones de la Cámara de Diputados junto con el resto de reformas enviadas por López Obrador para su proceso parlamentario, según anunció la presidenta del órgano legislativo, Marcela Guerra.
EL PAÍS
