Este texto fue publicado originalmente en el medio Brújula Digital y retomado por Expansión Política con autorización del autor. Tras la victoria aplastante de Claudia Sheinbaum en las recientes elecciones del 2 de junio en México, el país discute ahora mismo una de las principales reformas constitucionales que piensa y, además, puede aplicar el nuevo Gobierno de izquierda. Al contar con dos tercios del Congreso, la fuerza ganadora tiene la oportunidad de modificar la Constitución al derecho y al revés. Cuesta creer que un país que tanto ha padecido las septuagenarias súper mayorías del PRI, haya aflojado de ese modo las normas.
La gran mentira Ninguna autonomía
En los hechos, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el partido que gozará pronto de un segundo sexenio al mando de la república, se ha transformado, este año, en un poder constituyente. Así de claro. El partido de López Obrador puede, cuando menos en los próximos tres años, establecer un nuevo régimen político, que solo podrá ser corregido a futuro por una fuerza electoral equivalente. Antes, en el continente, esa oportunidad estuvo en las manos de Chávez (1999), Correa (2008) y Evo (2009), y mucho antes, dicho sea de paso, de Fujimori (1993), probable fuente de inspiración culposa de la izquierda latinoamericana. ¿Cuál es el cambio que Sheinbaum y López Obrador aspiran a introducir primero en la Constitución mexicana? La reforma judicial. Ya se han divulgado encuestas y de ellas se desprende que el 80% de las personas respalda una reforma de la justicia. De su lado, el Poder Ejecutivo ha propuesto que el corazón de la transformación del Poder Judicial sea la elección de jueces mediante el voto popular. No, México, no. Bolivia es el único país del mundo en el cual los miembros de los más altos tribunales de justicia son elegidos por el voto popular (Luis Pásara, 2012). En Estados Unidos, Suiza, Perú, Colombia, Venezuela y Francia hay jueces electos por el pueblo, pero solo a un nivel local o municipal. En consecuencia, si México acepta ponerse en el humilde papel de aprendiz, tiene hasta septiembre para asimilar la experiencia boliviana. Ojalá Morena tenga la madurez de dejar a un lado sus desvariados amoríos por Evo Morales para ponerse a analizar en serio los daños que la reforma judicial ha causado y sigue causando en el corazón de Los Andes. Partamos desbrozando el camino. Es falso que en Bolivia los ciudadanos hubiesen elegido altos magistrados en 2011 y menos en 2017. Dos tercios de los electores bolivianos anularon sus votos o dejaron las papeletas en blanco en los dos comicios judiciales realizados hasta la fecha. El mensaje de la gente fue claro y consistente: no nos pidan que acudamos a convalidar una farsa electoral. ¿Por qué fracasaron las dos elecciones judiciales en Bolivia? Primero descartemos la hipótesis más recurrente. No fue porque la ciudadanía ya se había desencantado del proyecto de poder de Evo Morales. De haber sido esa la razón, el MAS no hubiese ganado con contundencia las elecciones de 2009 y 2014. Si bien el pueblo respaldaba el rumbo constitucional y gubernamental, la reforma judicial era un fracaso. En efecto, el país tuvo oportunidad de juzgar el desempeño de los jueces electos entre 2011 y 2017 y los terminó reprobando en un 66%. El origen del rechazo no está en que el electorado sea renuente a elegir jueces. Lo hubiera hecho de mil amores si realmente hubiese habido una verdadera elección. El hecho deplorable es que las listas de postulantes fueron confeccionadas en los cuarteles generales del MAS y despachadas a la Asamblea Legislativa para su convalidación acelerada. Contando con dos tercios de los curules, la elección de jueces fue hecha por el partido de gobierno, no por el pueblo. Cuando la gente tuvo la papeleta en sus manos, era consciente de que todos los aspirantes eran astillas del mismo tronco. Ahí no había nada para decidir. Una sola persona se había comprado todos los boletos de la lotería y esa persona era Evo Morales. A propósito, nada de lo descrito ilegal. El fiasco vestía sus mejores galas constitucionales. Comprendida ya la principal falla estructural de la reforma judicial boliviana (el papel irrelevante de los electores), cabe registrar ahora su efecto más devastador. Dado que los 80 jueces electos en 2011 y en 2017 (hoy autoprorrogados) entendieron perfectamente que su futuro profesional no dependía de los votantes, sino del partido de Gobierno, lo que hicieron fue lanzarse a sus brazos. Desde que Bolivia modificó su sistema judicial, los magistrados supremos de los cuatro tribunales elegibles se pusieron de rodillas ante el edificio mayor de la plaza Murillo. Su servilismo fue tan pronunciado que cuando Evo renunció y fugó, rindieron honores a Jeanine Añez, y cuando ésta dejó la banda presidencial, empezaron a barrer todo lo que se interpusiera en el camino de Luis Arce. Conclusión: la única manera de tener jueces imparciales y autónomos es logrando que su designación emane naturalmente de su currículum vitae. Viste toga el que tiene méritos y no simpatiza con ningún partido. La justicia es un servicio, no un espacio de representación. Con el fracaso de la reforma judicial boliviana, México puede concluir que los juzgadores no resultan probos, porque han sido electos por la gente, sino porque precisamente no le deben a nadie su posición de poder, más que a sus méritos. Toda elección, así no haya trucos previos, conlleva un pacto con los electores, una promesa, un guiño de complicidad. No, México, no. Los jueces no llegan a sus estrados para cumplir promesas de campaña o congraciarse con alguien. Llegan para ser antipáticos, pero jamás corruptos o venales.
La experiencia democrática mexicana es rica en ejemplos virtuosos. México necesita aprender del fracaso de Bolivia, tomar sus precauciones y luego mirarse. En las elecciones, hace más de dos décadas, el Instituto Nacional Electoral (INE) elige ciudadanos por sorteo para que administren las casillas o mesas de votación. Cualquier mexicano mayor de edad puede ser convocado a cumplir ese día el rol de juez, contar los votos y entregar un acta firmada. Nunca más harán eso los militantes de los partidos. En el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), decenas de académicos son elegidos por sorteo para conformar las comisiones que revisan la documentación de los que aspiran a formar parte de ese cuerpo científico. El azar está orientado a que la mayoría sean mujeres, a que haya profesionales de todos los estados y de todos los niveles. Los comisionados o jueces revisan los expedientes y deciden dónde colocar a los candidatos a formar parte del SNI. Este es un ejemplo de como un sorteo puede predefinir cómo debería verse su resultado (nunca, quienes terminarán electos). El SNI y el INE usan el sorteo para elegir jueces. Los sacan de una lista integrada por pares, personas que cumplen plenamente los requisitos para ejercer la función que se espera de ellas. ¿No es ésta acaso la mejor salida para reformar un sistema de justicia? Solo habría que diseñar una institución idónea que produzca la lista de aspirantes. Gracias a la total inocuidad o asepsia del azar, los magistrados asumirían sus funciones libres de deudas con la política y la sociedad y tendrían la motivación, nunca la obligación, de ser verdaderamente imparciales. Bingo. ____ Nota del editor: Rafael Archondo es periodista. Reside en México. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
