(apro).- Más de un año después de que salieron las evidencias que apuntan a que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) intervino con el spyware Pegasus los teléfonos del entonces subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, así como de periodistas y defensores de derechos humanos, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador aseveró, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que “en México no se espía ni se vigila a nadie”.
Con base en esta afirmación, el gobierno descartó una recomendación expresada por el gobierno de Costa Rica en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) de México en materia de derechos humanos. Esta recomendación exhortaba a México a “adoptar medidas para prevenir, investigar y eliminar todas las formas de uso excesivo de la fuerza y abordar los casos de vigilancia de la población civil por medios digitales por parte de las fuerzas del orden”.
A pesar de las evidencias que documentaron el uso ilegal de Pegasus desde hace tres sexenios, tanto la Sedena como el presidente López Obrador han negado que el Ejército siga utilizando ese poderoso spyware desarrollado por la empresa israelí NSO Group.
El mandatario y la institución castrense se limitan en afirmar que las agencias de seguridad llevan a cabo labores de “inteligencia” contra la delincuencia organizada; en su respuesta a la recomendación de Costa Rica, el gobierno mexicano sostuvo que utiliza la inteligencia “para debilitar las estructuras criminales por igual”.
La Fiscalía General de la República (FGR) tiene abiertas por lo menos tres carpetas de investigación por el espionaje ilegal y la compra irregular de la tecnología, pero ninguna ha tenido avances significativos. La primera fue abierta en 2017, cuando estalló el escándalo #GobiernoEspía, en el que se reveló cómo el gobierno de Enrique Peña Nieto intervino a los celulares de periodistas y defensores de derechos humanos.
A pesar de la reticencia de las autoridades, investigaciones periodísticas han revelado que la Sedena fue el primer cliente internacional de NSO Group –adquirió la tecnología en 2010, con el aval de Felipe Calderón Hinojosa–, y que diversas agencias de seguridad del gobierno de Peña Nieto utilizaron Pegasus para atacar a más de 15 mil celulares, cientos de ellos a periodistas, defensores de derechos humanos y personajes políticos.
Las entregas de la investigación periodística #EjércitoEspía –en la que Proceso participó– probaron que la Sedena siguió usando Pegasus durante el sexenio de López Obrador, desde el Centro Militar de Inteligencia (CMI) ubicado en el Campo Militar número 1. El spyware fue utilizado para intervenir los teléfonos de los abogados del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez –quienes acompañan a los padres de los 43 normalistas–, a dos periodistas y a Raymundo Ramos Flores, defensor de derechos humanos en Tamaulipas.
En febrero de 2023, el diario El País reveló que Pegasus fue empleado contra cuatro funcionarios de la Defensoría Pública de México –un organismo que depende del Consejo de la Judicatura Federal–, y en mayo siguiente The New York Times informó que Alejandro Encinas y varios integrantes de su equipo en la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob) habían sido atacados con la tecnología intrusiva, en plena investigación sobre el caso Ayotzinapa, en la cual apuntaron a la responsabilidad de militares.
