Ante lo que consideran la inminente aprobación de la reforma al Poder Judicial en el Senado de la República, alrededor de 820 jueces y magistrados, enviaron una carta a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos(CIDH) para solicitar su intervención de manera ‘urgente’ ante lo que consideran graves violaciones a los derechos humanos de la iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En el documento, los juzgadores pidieron al Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas y a la CIDH que, en el marco de sus respectivos mandatos, soliciten a México que suspenda el trámite legislativo de la propuesta judicial o, en su caso, se suspenda su ejecución.
Indicaron que la propuesta es abierta y notoriamente violatoria de los derechos humanos reconocidos tanto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos que son tratados internacionales obligatorios para el Estado mexicano.
Al respecto, los juzgadores lanzaron la advertencia de que defenderán por todos los medios a su alcance a la democracia, el Estado de derecho y la división de poderes y agregaron que en los últimos días se ha acelerado el embate contra el Poder Judicial de la Federación, al grado de que por privarlo de su independencia prácticamente lo desaparecerán.
“Lamentablemente en México se están viendo gravemente dañados el equilibrio de poderes por la postura claramente antidemocrática de la fuerza política que se hizo del poder”, indicaron.
Señalaron que esta ruptura del orden democrático se traduce en un golpe de estado y en una clara violación al equilibrio de poderes.
“Más allá de posturas ideológicas, lo que está en juego es la estabilidad democrática, jurídica, política y económica de nuestro país. La gravedad y urgencia de esta situación está claramente acreditada en los escritos que presentamos ante los referidos organismos internacionales, así como la irreparabilidad de los daños que sobrevendrán inevitablemente con la sola aprobación de esta reforma, los cuales se verán multiplicados exponencialmente con su implementación”, destacaron.
Finalmente, los integrantes del Poder Judicial, consideraron que aún no es tarde para frenar la aprobación de la reforma en el Senado de la República.
“La reforma es claramente violatoria de derechos humanos y generará enormes e irreversibles daños en nuestra ya de por si frágil democracia, pero también afectará irremediablemente nuestra posición económica ante el mundo y que traerá condenas internacionales y descrédito para nuestra Nación”, concluyeron.
Cabe destacar que la carta enviada a ambos organismos internacionales se dio de forma paralela a las protestas que llevaron a cabo trabajadores del Poder Judicial, quienes se apostaron desde temprano en la sede del Senado ubicada en Reforma e Insurgentes, por lo que el presidente de la mesa directiva de la Cámara Alta, Gerardo Fernández Noroña, citó a los legisladores en la antigua sede de Xicotencatl para sesionar en el centro de la Ciudad de México.
