La reforma al Poder Judicial, promovida por el Ejecutivo Federal y avalada recientemente en la Cámara de Diputados, ha generado fuertes críticas por parte de la oposición, especialmente del Partido Acción Nacional (PAN).
La diputada Noemí Luna Ayala, coordinadora del Grupo Parlamentario del PAN, advirtió que esta reforma no solo no garantiza justicia, sino que además abre la puerta a violaciones de derechos humanos y posibles manipulaciones por parte del gobierno y Morena en la elección de jueces, magistrados y ministros.
La legisladora de Acción Nacional sostuvo que la elección directa de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abre la puerta al crimen organizado.
Luna Ayala presentó los resultados de un análisis detallado realizado por su fracción parlamentaria, el cual evalúa las implicaciones formales, políticas y económicas del dictamen aprobado.
Según el documento, uno de los principales riesgos es que la elección por voto directo de jueces y magistrados podría ser manipulada, comprometiendo la independencia judicial. Además, el estudio alerta sobre la posible injerencia del crimen organizado en los procesos de elección.
"Este modelo permitiría al gobierno imponer juzgadores 'a modo', que priorizarán los intereses del poder en lugar de proteger los derechos de los ciudadanos", señaló la diputada.
Violaciones al Estado de Derecho
El estudio también destaca que esta reforma supone una violación al principio constitucional de la división de poderes, ya que sometería al Poder Judicial al control político del Ejecutivo. "Romper el equilibrio de poderes hará más fácil la injerencia del gobierno sobre el Judicial, debilitando la transparencia y rendición de cuentas", afirmó Luna Ayala.
Otro punto crítico es la falta de asignación de recursos para mejorar el acceso a la justicia, especialmente en el ámbito local.
El PAN subraya que México carece de suficientes jueces y juezas, y que el presupuesto destinado a instituciones policiales, ministeriales y jurisdiccionales es insuficiente para abordar los problemas estructurales que afectan la impartición de justicia en los niveles más básicos.
"México necesita al menos 61 jueces por cada 100 mil habitantes, según la OCDE, pero actualmente solo cuenta con 4.4, lo que genera una crisis en la impartición de justicia", detalló la legisladora.
Impacto económico y riesgos internacionales
En el plano económico, Luna Ayala advirtió que la reforma podría tener consecuencias negativas para la confianza jurídica y la competitividad de México a nivel global.
Al romper con los principios del T-MEC, la reforma podría llevar a disputas internacionales por fallos judiciales que violen los derechos de los inversionistas extranjeros, lo que afectaría la estabilidad económica del país.
"El incumplimiento de México con los compromisos del T-MEC podría derivar en controversias internacionales, dañando aún más la imagen del país frente a los mercados globales", subrayó la diputada.
Asimismo, el análisis realizado por el PAN prevé que el gobierno destine más recursos al pago de la deuda externa, lo que reduciría el gasto público, incrementaría el desempleo y afectaría directamente los ingresos de las familias mexicanas.
