En un giro inesperado de los eventos políticos y de seguridad en el Estado de México, la alcaldesa de Santo Tomás de los Plátanos, María del Rosario Matías Esquivel, ha sido implicada en una red de vínculos con el crimen organizado. Esta historia, revelada por el periodista Héctor de Mauleón, revela cómo la política local en esta región podría estar más cerca de la violencia y los intereses criminales de lo que se pensaba.
El caso de Matías Esquivel se ha convertido en un símbolo de la colusión entre las autoridades locales y los carteles del narcotráfico. A continuación, te contamos todos los detalles sobre su posible conexión con la Familia Michoacana y cómo una deuda millonaria podría haber sido el precio de su victoria electoral.
La deuda millonaria y el triunfo electoral de la alcaldesa
En las semanas recientes, las autoridades del Estado de México, a través del Operativo Enjambre, han desmantelado una red de funcionarios corruptos vinculados al crimen organizado. Entre ellos se encuentra la presidenta municipal de Santo Tomás de los Plátanos, María del Rosario Matías Esquivel, quien en 2022 se postuló como candidata por el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Según investigaciones, durante su campaña electoral, Matías Esquivel habría contraído una deuda de 15 millones de pesos con los líderes del Cártel de la Familia Michoacana, un grupo criminal que opera principalmente en la región.
Esta deuda, que habría sido contraída a cambio de apoyo electoral, según el periodista Héctor de Mauleón, incluía la promesa de utilizar recursos públicos para cubrirla tras su victoria. A cambio de esta «inversión», la alcaldesa habría permitido que el cartel llevara a cabo actividades ilícitas en el municipio, como secuestros, extorsiones y despojo de propiedades. La implicación de Matías Esquivel en estos actos de violencia ha levantado una ola de críticas y cuestionamientos sobre el grado de infiltración criminal en los gobiernos locales.
El involucramiento de su esposo y la política local
El esposo de la alcaldesa, Pedro Luis Hernández de Paz, también está bajo investigación por su presunta colaboración con la Familia Michoacana. Según las fuentes, Hernández de Paz contactó a los miembros del cartel para asegurar el triunfo electoral de su esposa. En un movimiento estratégico, se habría valido de la ayuda de los criminales para desplazar a sus competidores políticos, incluido el secuestro del suegro de una aspirante a la alcaldía, Teresa Reyes Loza, quien fue obligada a abandonar su candidatura por razones de seguridad. El secuestro fue ejecutado por ‘El Tuza’, uno de los operadores más cercanos de los líderes del cartel, Johnny y Alfredo Hurtado Olascoaga.
Este tipo de prácticas ilegales y violentas subraya la complejidad de las elecciones en México, donde los carteles de la droga no solo afectan la seguridad pública, sino también las decisiones políticas y el rumbo de los gobiernos locales.
El Operativo Enjambre y las detenciones de funcionarios
El 22 de noviembre, las autoridades mexicanas ejecutaron una serie de detenciones relacionadas con el Operativo Enjambre. En total, se cumplieron siete de las 14 órdenes de aprehensión emitidas por la Fiscalía General de la República (FGR) y otras autoridades del Estado de México. Entre los detenidos se encuentran varios funcionarios de municipios cercanos a Santo Tomás, como Amanalco, Tonatico e Ixtapaluca, acusados de estar involucrados en actividades delictivas como secuestros y extorsión.
El operativo ha revelado la profunda penetración del crimen organizado en las estructuras de gobierno local, lo que plantea serias preguntas sobre la capacidad de las autoridades para garantizar la seguridad y la justicia en estas comunidades.
El escape de la alcaldesa y su esposo
Tras el inicio del Operativo Enjambre, se reportó que tanto María del Rosario como su esposo, Pedro Luis Hernández de Paz, huyeron del Estado de México. Las autoridades tienen indicios de que ambos se trasladaron a Guerrero en busca de protección de sus aliados criminales. Además, para evitar ser localizados, dejaron sus teléfonos celulares en sus hogares y tomaron medidas para despistar a las autoridades. Hasta la fecha, su paradero sigue siendo desconocido, y las autoridades continúan con la búsqueda.
Este caso ha puesto de relieve la relación que muchos gobiernos locales podrían tener con el crimen organizado, lo que agrava la situación de seguridad en diversas regiones del país.
