La organización civil “México, ¿cómo vamos?” presentó ayer el Índice de Progreso Social 2024 sin mayores sorpresas agradables para la población pobre y los estados cooptados por la violencia que prevalece en el país.
El 44% de la población de México vive en estados con bajos ingresos. Por lo tanto, 4 de cada 10 mexicanos vive en rezago de prosperidad.
El sureste mexicano (Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco, Chiapas y Oaxaca) continúa con importante rezago en fundamentos del bienestar y mejora de vida de las familias.
Esto a pesar de las multimillonarias inversiones del gobierno de López Obrador en sus obras emblemáticas como el Tren Maya, la petrolera Dos Bocas y otras obras de infraestructura.
De hecho, el equipo de especialistas que presentó este trabajo de investigación y análisis de datos destacó que el gobierno de la república ha fallado en la prestación de servicios básicos que procuran progreso social, como salud, educación y seguridad pública y le deja la carga de estos gastos a las familias mexicanas.
“El mapa de progreso social no nos sorprende. El sureste está estático y con importante rezago”, destacó Sofía Ramírez Aguilar, de la organización que lidera este estudio.
“De 2015 a 2023 hemos avanzado cinco puntos de cien. Como pueden ver, hay un rezago muy importante en la región sureste”, dijo.
Destacó que el primer mensaje de estos resultados, es que el Estado falla en garantizar los derechos fundamentales como educación, salud, seguridad, y lo delega en los bolsillos de las familias.
Familias mexicanas subsidian sus servicios
No solo es un problema muy caro para las familias que trabajan para salir adelante, sino que el progreso lo financian de sus bolsillos, con sus ingresos y salarios de su trabajo.
“Las propias familias se procuran los servicios de sus bolsillos, es un subsidio que ellas destinan a sus necesidades para prosperar, cuando los servicios de salud, educación y seguridad los debe otorgar el Estado”, subrayó.
El equipo que presentó el Índice de Progreso Social 2024 estuvo integrado por Sofía Ramírez, Mariana Campos, de la organización México Evalúa; Axel Eduardo González, Adriana García, Alexandra Haas y el periodista Javier Risco, quien moderó el evento virtual.
La agrupación basa su estudio de Índice de Progreso Social en 49 indicadores sociales que ayudan a identificar las dimensiones básicas de los servicios que debe proveer el Estado para la mejora de la calidad de vida de las familias mexicanas.
Pero es indudable que el gobierno de la república no cuida la salud de manera preventiva.
Hay carencias en la educación porque retiró los recursos para la capacitación de los maestros, la violencia en los estados impide las inversiones nacionales y extranjeras que pudieran llegar por el nearshoring y las transferencias monetarias de los programas no tienen la efectividad a favor de las familias.
Las poblaciones donde viven los beneficiarios carecen de la infraestructura para su prosperidad.
“El gobierno de la república ha delegado los gastos en salud, educación, seguridad y vivienda a las familias mexicanas”, destacó Mariana Campos.
“Lo observamos en las partidas presupuestales para atender los tres pilares del progreso social: en salud disminuyó de 2.8% del PIB a 2.4% en el próximo año; en educación es de 2.9% cuando antes era más del 3%, y en seguridad, aun cuando el país arde por la violencia, es de .5%”.
“En el sureste mexicano las dos terceras partes de la población en Chiapas y Oaxaca no tienen acceso a servicios de salud para nada”, agregó.
En educación, aun cuando es una de las palancas y motor del desarrollo, hay una enorme brecha salarial entre los sueldos de quienes estudiaron algún posgrado con los de licenciatura, y más aún, en licenciatura sobre los que tienen preparatoria o secundaria.
Nearshoring, ¿beneficia al sureste mexicano?
En el caso del nearshoring, el estudio arrojó que los inversionistas buscan estados o ciudades que tienen alto progreso social, servicios energéticos, financieros.
Estados donde la calidad de vida es mejor, donde hay capital humano preparado y puertos bien desarrollados.
Sin embargo, solo 8 estados cumplen con estos estándares, principalmente el norte y centro de México, y por ello enfocan sus negocios en esas regiones.
Todo lo contrario sucede en 10 entidades de bajos ingresos en su población, donde se ubican los estados del sureste, que están “súper retrasados”.
Guerrero en todos los estudios sobre progreso social está en el último lugar, lo que es una tragedia, se indicó.
Los estados con bajos ingresos tuvieron un crecimiento incipiente en 2015 con la llegada del nuevo gobierno de la república, pero retrocedieron con la llegada de la pandemia del Covid-19 y no han logrado su equilibrio ni recuperación.
Estados “ganones” de la 4T
Solo Tabasco y Campeche crecieron en su economía por la inversión en la refinería Dos Bocas, pero se desinflaron cuando concluyeron las inversiones.
“El principio de la universalidad, que es el derecho humano que tenemos todos, no se cumple. Se ven las grandes brechas de desigualdad y hay un ejemplo claro: Guerrero”, dijo Alexandra Haas, de la organización Oxfam México.
“Es un estado con alta población jornalera y es un estado profundamente rezagado”, señaló
“El puerto de Acapulco, que debería tener un desarrollo del tamaño de Ciudad de México, no es como se creía, lo vimos durante los huracanes que lo azotaron. Su centro de salud estuvo cerrado durante los últimos 4 años, hay un serio problema de gobernabilidad, se va a profundizar si no se atienden los rezagos”.
Para los expositores de México, ¿cómo vamos? el país pasa de “panzazo” esta evaluación de prosperidad social porque tiene 65 de calificación de 100 posibles puntos y este número en términos educativos es que apenas aprueba la tarea.
“México tiene potencial para aumentar este progreso social, pero tiene que ir más de prisa”, reiteró Mariana Campos.
“Después del bache del covid, hay que acelerar el proceso, sé que es complejo, pero hay infraestructura donde puede participar el sector privado para que mejoren las condiciones de vida, los servicios, la cadena de valor”, explicó.
“Hay estados que son potentes en turismo o la industria. El gobierno tiene que ver qué hace con las entidades donde hay mucho rezago, no los puede dejar así como están”.
Entre las carencias que detectaron en las entidades rezagadas está la falta de certeza jurídica, respeto al estado de derecho, y faltan naves industriales, servicios de energía eléctrica, capital humano calificado, transparencia y hay violencia del crimen organizado.
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