Ante la creciente violencia e infiltración del crimen organizado en gobiernos municipales, autoridades estatales y federales implementaron operativos para investigar y detener a funcionarios presuntamente vinculados con actividades ilícitas.
·Operativo Enjambre (Estado de México): Hasta la última actualización, este operativo ha resultado en la detención de dos alcaldes y seis directores de seguridad pública, además de otros funcionarios, sumando un total de 16 arrestos. Uno de los implicados se suicidó al momento de su detención.
A pesar de estas acciones, expertos señalan que estas estrategias no serán efectivas si no se atienden también los presuntos vínculos de gobernadores con grupos criminales.
Casos relevantes de violencia contra funcionarios
Algunos de los casos más impactantes en los últimos meses incluyen asesinatos, secuestros y amenazas directas a funcionarios municipales.
·Alejandro Arcos Catalán, presidente municipal de Chilpancingo, Guerrero, fue decapitado el 6 de octubre, poco después de asumir el cargo.
·Constantino Soriano Mendoza, regidor de Hacienda de San Miguel Panixtlahuaca, Oaxaca, fue asesinado el 12 de febrero en un ataque armado.
·Francisco Javier Velazco, policía municipal de San Luis Río Colorado, Sonora, fue asesinado tras haber sido mencionado en una narcomanta.
·Brenda Marisol Montañez Saucedo, esposa del alcalde de Villa Hidalgo, Jalisco, denunció haber sido secuestrada presuntamente por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
·Fermín N, exalcalde de Huazalingo, Hidalgo, fue detenido el 6 de febrero por presuntos vínculos con delitos de extorsión.
Además, dos alcaldes en Guerrero, Hildeberto Salinas Mariche (Cuajinicuilapa) y Tarsila Molina Guzmán (San Nicolás), solicitaron licencia por amenazas del crimen organizado.
¿Qué sigue para la seguridad en los municipios?
El gobierno federal ha planteado la erradicación de la corrupción como una prioridad, pero los atentados contra funcionarios municipales continúan.
Especialistas advierten que, sin una estrategia integral que incluya la protección de funcionarios locales y el desmantelamiento de redes de corrupción en todos los niveles de gobierno, la violencia y las amenazas seguirán siendo un desafío en el país.