La actividad de bienes raíces tampoco queda exenta de los delitos de fraude. Usuarios de plataformas digitales piden anticipos o información de los interesados en comprar o vender una propiedad en México, resultando casos donde no hay un respaldo financiero como legal.
Aunque esto no se ha dado en la operación final de un inmueble, los agentes inmobiliarios en el país afirmaron que la incursión de personas sin el conocimiento de la actividad trae consigo la posibilidad de robar dinero o información, mencionó Emilio Rojas Cobián, consejero nacional de la Asociación Mexicana de Profesionistas Inmobiliarios (AMPI).
Añadió que los hechos no se encuentran focalizados en una sola entidad o ciudad, aunque a las personas que requieren un movimiento de este tipo, les pidió acercarse con un especialistas.
“Se han detectado más en la práctica y no en los inmuebles, cuando la gente busca comprar una propiedad en una plataforma o dan anticipos, mediante una llamada telefónica o hacer algún movimiento inusual. Los fraudes son a través de llamadas, tratando de pedir algún dato en específico”, declaró el ex presidente nacional.
Apuntó que la situación proviene de gente sin incursionar en el sector, pero sin cumplir la normativa requerida en un proyecto, como tampoco los reglamentos de cada municipio. “Cuando la gente desconoce y sale algo que no tiene sustento jurídico o financiero pasan estas cosas. No es propio de un estado o una ciudad, sucede en cualquier parte del país”, agregó.
Precisamente en el aspecto legal, recalcó que existe una ley promulgada hace año y se encuentran en la elaboración del reglamento en conjunto con la autoridad, colaborando con colegios, la Profeco y el SAT. Se integra el trabajo en 22 estados para constituir una regularización, un padrón de agentes inmobiliarios, continuando con su programa de 14 capacitaciones.
“Desafortunadamente existen personas que aprovechan la falta de conocimiento de los clientes con proyectos sin certeza jurídica, ni respaldo financiero o compran en un lugar que no conocen. Lo que pedimos a la sociedad civil es hacer que con un profesional de AMPI”, concluyó Rojas Cobián.
