Se agotan los brazaletes electrónicos por tanto preso libre en Yucatán

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Gozar de libertad condicional con el uso de un brazalete electrónico es una de las ‘bondades’ del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Muchos delincuentes en Yucatán gozan de esta medida cautelar.

El número es tal que un juez no pudo ordenar que un procesado por fraude procesal usará uno de estos dispositivos porque estaban escasos.

Y es que al no haber en bodega se debe recurrir a otras medidas cautelares para quienes son dejados en libertad condicional, como el ir a firmar periódicamente y el compromiso “de palabra” de no salir del estado.

Todo indica que los brazaletes electrónicos no están disponibles porque venció el contrato con la empresa que los suministraba o bien tiene razón directa con el cambio en el Gobierno del Estado.

Desde que entró en vigor el Nuevo Sistema de Justicia Penal (antes de 2015) se colocan los brazaletes a procesados por delitos que no son graves, como lesiones, daño en propiedad ajena, robos e incluso narcomenudeo.

Sin embargo, se han dado casos de procesados que huyeron con los dispositivos y otros los destruyeron y al parecer esos no fueron repuestos.

El último procesado al que se le iba colocar brazalete electrónico es al chofer Florencio Adolfo Dzul Canché, quien fue imputado por el delito de fraude procesal, por prestarse para el despojo de 340 hectáreas de tierras ejidales de Ucú.

Al final de cuentas se dispuso de otras medidas cautelares en lo que se resolvía el problema de los localizadores agotados. Formal Prisión

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Por no mantener a sus hijos,le colocan brazalete electrónico

Jorge Alberto Be Vadillo fue imputado y vinculado a proceso penal por el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, pues no cumplió un convenio que firmó en la Unidad de Solución de Controversias de la Fiscalía General del Estado.
Fue denunciado por la señora Patricia de Jesús Tur Magaña, en agravio de sus hijos menores de 15, 5 y 3 años.
La Fiscalía General del Estado presentó los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación correspondiente a la causa penal y tras su análisis, la Juez Segundo de Control, Blanca Beatriz Bonilla González, estableció como medida cautelar el uso del localizador electrónico (con cobertura en todo el Estado) durante tres meses y el pago de una garantía económica de cuatro mil pesos, que podrá depositar en siete días hábiles a partir de hoy.
De acuerdo con la carpeta de investigación correspondiente, el sujeto y la querellante estuvieron casados durante 14 años, y durante ese tiempo procrearon tres hijos ­actualmente menores de edad­ y la quejosa señala que desde el mes de junio del 2014 el indiciado abandonó el domicilio familiar, y desde entonces presuntamente no aportó apoyo económico para la manutención de los hijos.
Una vez vinculado a proceso, la Fiscalía continuará con las averiguaciones durante dos meses, plazo que fijó la Juez de Control.
Sin embargo, le faltará pagar 56,175, que es el monto de la reparación del daño ocasionado, es decir, lo que ha dejado de proporcionar.

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