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Las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México informaron que la gran mayoría de los edificios que colapsaron por el sismo del pasado 19 de septiembre, o los que hoy ya han sido declarados como inhabitables y en riesgo de derrumbe, fueron levantados antes del terremoto del 19 de septiembre de 1985, un desastre que obligó a endurecer las leyes para la construcción de inmuebles.
Sin embargo, esas mismas autoridades no han dado detalles sobre las decenas de edificios con cinco, tres y un año de construcción, que también se derrumbaron y dejaron personas, y entre los que también se encuentran algunos en riesgo de venirse abajo, por lo que miles de familias viven en las calles y, además, se encuentran en banca rota, defraudados por diversas compañías inmobiliarias.
Este martes se anunciará el Plan de Reconstrucción para la Ciudad de México e ingenieros, urbanistas y representantes de la iniciativa privada, como la Cámara Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Ciudad de México y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), exigieron que sea un programa que vea con seriedad el futuro de la capital del país al mediano y largo plazos, que dé pie a una nueva Ley en materia de construcciones y que, en particular, tenga elementos para evitar la corrupción en la industria de la construcción, que en la CdMx vive un boomdesde hace ya más de una década.
Miguel Ángel Mancera Espinosa, Jefe de Gobierno capitalino, dijo ayer que, tras el sismo del 19 de septiembre pasado, se han 11 mil 200 inmuebles reportados con daños, y 9 mil 526 ya han sido verificados.
De éstos, 8 mil 039 tuvieron clasificación verde, lo que significa que son habitables y no presentan riesgo; mil 136 tienen clasificación amarilla, lo que indica que se detectaron daños pero podrían ser habitables.
Además 360 están en clasificación roja o con daños estructurales, lo que representa un riesgo para sus habitantes y vecinos.
“Hasta ahora los que tenemos colapsados, los que tenemos con derrumbe, digamos que la gran mayoría son inmuebles que corresponden a épocas anteriores al 85 [al terremoto del 19 de septiembre de 1985], pero se está detallando a fin de poder detectar o encontrar algunos que pudieran ser de construcciones recientes”, explicó el titular del Gobierno capitalino.
Mancera Espinosa informó que su administración solicitará el apoyo de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para obligar a las inmobiliarias a cubrir la reparación y seguros. “Incluso, los ciudadanos pueden solicitar la asesoría del abogado en tu casa”, agregó el funcionario.
También planteó que este martes se revelará el Plan de Reconstrucción de la Ciudad de México, y para ello se han instalado los llamados Centros de Atención Integral, que se encuentran en las delegaciones más afectadas por el terremoto: Plaza Jordano; Londres, esquina Roma, colonia Juárez; Parque España; Oaxaca y Nuevo León, colonia Hipódromo Condesa; Plaza Río de Janeiro; Durango y Orizaba, colonia Roma, todos estos en la Delegación Cuauhtémoc.
Otros centros se ubican en Parque Hundido; Porfirio Díaz, colonia Del Valle, y Parque de Los Venados, colonia Narvarte, en la Delegación Benito Juárez.
Felipe de Jesús Gutiérrez, Secretario de Desarrollo Urbano y de Vivienda del Gobierno de la Ciudad de México, reafirmó lo dicho por Mancera Espinosa y externó que 90 por ciento de los 38 edificios que colapsaron en la Ciudad por el sismo de magnitud 7.1 del martes eran construcciones levantadas previo al terremoto hace 32 años.
“Tenemos un análisis grueso, porque no es una información precisa saber en qué época se autorizó cada inmueble, pero la gran mayoría son previos a 1985, la gran mayoría pueden tener 40 o 50 años de antigüedad con una normatividad distinta a la que derivó después del [terremoto de] 1985”, dijo al diario Reforma.
“(Después de este año) el reglamento de construcciones fue mucho más estricto en los coeficientes de diseño –sobre todo– estructural”, explicó el funcionario capitalino.
El mayor número de edificaciones que colapsaron, y que se encuentran en este supuesto, se ubican en la Delegación Cuauhtémoc, sobre todo en las Colonias Roma y Condesa, así como en la Del Valle, en la Delegación Benito Juárez, planteó el diario de la capital del país.
En la Delegación Cuauhtémoc, el corazón de la ciudad de México y la demarcación más importante por su actividad económica, se han contabilizado 74 inmuebles que presentan alto riesgo, luego de un corte realizado el fin de semana por las autoridades locales.
Ricardo Monreal Ávila, titular de esa demarcación, expuso que se han realizado 270 evaluaciones –por parte de Protección Civil, ingenieros, estructuristas y directores responsables de obra– a 264 viviendas y edificios, y de éstos 74 requieren de apuntalarse y en casos extremos demolerse.
EXIGEN COMBATE A CORRUPCIÓN
El ingeniero del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, Esteban Murillo, explicó que los daños estructurales se generan debido a que el elemento estructural fue sometido a una mayor carga de la que podía resistir, aunque no implica que quede inservible, sino que hay que prestar atención y repararlo o rehabilitarlo según sea el caso.
Los edificios nuevos de la capital del país que presentan daños estructurales o se cayeron son resultado de “vicios constructivos” y porque no hubo la inspección adecuada por parte del Gobierno local y por parte del Director Responsable de la Obra [ingeniero o arquitecto] tanto al proyecto estructural como a la ejecución de la obra, ya que “se toma a la ligera”.
“Los vicios constructivos se dan por falta de supervisión de la obra, es decir, no existe un encargado de obra que esté al tanto de la misma y no permita que se cometan errores. Es muy común que existan por varios motivos: falta de tiempo, ahorrarse dinero y malas prácticas”, aseguró el ingeniero Murillo.
Aunque reconoció que no existe la cantidad adecuada de inspectores y probablemente no están lo suficientemente capacitados para desempeñar su trabajo, también se dan “las malas prácticas como las mordidas y los sobornos”.
El ingeniero también enfatizó que la calidad de los materiales puede influir, ya que –aunque existe el reglamento de construcción– no hay normativas ni instituciones que regulen la fabricación de los materiales de construcción.
El Colegio de Urbanistas de México llamó a impulsar una reconstrucción planificada y evitar escenarios como al que nos enfrentamos actualmente, ya que el sismo del martes pasado “puso a prueba” la capacidad de las instituciones de los diferentes niveles de Gobierno y la resistencia tanto de las edificaciones recientes como las que tienen décadas de haberse construido.
“Los retos para reconstruir no sólo se reducen a la reposición de viviendas, sino en hacer una ciudad que permita que disfrutemos de calidad de vida, reconociendo a las y los ciudadanos como titulares de derechos, a la academia y organizaciones de la sociedad civil como actores fundamentales para el acompañamiento en la reconstrucción planificada, a la iniciativa privada y desarrolladoras como actores catalizadores, y a los diferentes niveles de Gobierno como entes responsables de la planificación y articulación de iniciativas”, manifestó el Colegio de urbanistas.
El Colegio de Urbanistas de México pidió que el proceso de reconstrucción de vivienda, oficinas y áreas comerciales se realice con un enfoque integral de la ciudad y con máximos estándares de calidad y ética profesional.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en su sede de la Ciudad de México expuso que se debe generar un programa de reconstrucción de la Ciudad de México pensando a largo plazo, basada en una reforma a la Ley que permita un desarrollo urbano controlado, que no dé pie al otorgamiento de permisos de construcción con base en la corrupción, ni con materiales de baja calidad que no estén verificados y autorizados por las autoridades correspondientes.
Encabezado por su presidente Jesús Padilla Zenteno, este sindicato patronal también pidió “un plan de austeridad corresponsable y comprometido con los que habitamos la capital del país; es decir, apelar a la voluntad política y generar acuerdos para que el Gobierno central y sus órganos, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el Poder Judicial y los partidos políticos reduzcan sus presupuestos en 2018 a niveles mínimos operativos para que dichos recursos sean destinados a la reconstrucción de la CDMX”.
La reconstrucción en las entidades afectadas por el sismo debe ser rápida, de calidad y libre de corrupción, exigió además el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) al Gobierno federal y partidos políticos.
El organismos cúpula de la iniciativa privada en el país llamó a coordinar esfuerzos para que la reconstrucción cumpla con estas tres características elementales. En primer lugar, dijo Juan Pablo Castañón Castañón, presidente del CCE, la reconstrucción debe ser rápida.
“Miles de familias mexicanas están atravesando por un momento de extrema vulnerabilidad. Estados como Chiapas, Oaxaca o Guerrero ya atravesaban una situación de enormes carencias sociales y económicas, que se vio agravada por el terremoto. Necesitamos una reconstrucción veloz, que alivie el dolor económico y de luz y que alivie la escasez de las familias y de las comunidades”, expuso el líder empresarial.
Pero además, exigió Castañón, debe debe realizarse con suma transparencia y estar libre de corrupción.
“Que cada peso que han comprometido diferentes instituciones públicas, partidos políticos, empresarios y organizaciones de la sociedad civil se utilice para devolverles la seguridad patrimonial a los mexicanos que la perdieron”, exigió.
EL COLAPSO DE EDIFICIOS NUEVOS
Ninguno de los dos funcionarios del Gobierno de la CdMx dio detalles de la caída de edificios de departamentos nuevos, con menos de cinco años e incluso con apenas 12 meses de haber sido entregados a sus dueños.
Un recorrido realizado por SinEmbargo confirmó que en la Delegación Benito Juárez, encabezada por el panista Christian von Roehrich, la empresa Canadá Building construyó un desarrollo de 24 departamentos en la calle Antillas, esquina con Emiliano Zapata, en la colonia Portales Sur. A pesar de que se inauguró apenas hace un año, fue el edificio que colapsó el 19 de septiembre pasado y del que sacaron los cadáveres de dos mujeres.
También en la Portales Sur, un inmueble departamental ubicado en la calle Saratoga colapsó y otro en la calle Balboa presenta daños severos. Además, entre Metro Nativitas y Portales Norte, sobre Calzada de Tlalpan, hay otro edificio de departamentos en riesgo de venirse abajo.
La desarrolladora Dekah Inmobiliaria construyó hace dos años un conjunto residencial de 12 pisos en la avenida Insurgentes Norte frente al Metro Potrero, en la Delegación Gustavo A. Madero. Tras el temblor, tuvo que ser desalojado por presentar grietas y “por el tipo de daños puede colapsar”, de acuerdo con una evaluación del arquitecto José Bernal.
Este diario digital confirmó que Dekah ha recibido diversas quejas sobre los retrasos o servicios faltantes en la entrega de las unidades y sobre su nivel de seriedad en los más de 4 mil 500 departamentos vendidos en 58 desarrollos situados en la Ciudad de México y en el Estado de México.
También está el caso de un edificio de 11 pisos en la calle de San Antonio Abad, en la colonia Tránsito, que tenía apenas un año de haber concluido su construcción y que hoy es inhabitable. Los dueños de esas viviendas duermen hoy en la calle, con la esperanzada de rescatar lo poco que les queda dentro, como es el caso de Johanan César y su esposo, una pareja de recién casados que apenas hace meses había recibido las llaves de su primer departamento.
Los representantes de la inmobiliaria, llamada Vertical Homes, aseguraron que estarían en el lugar unas horas después del terremoto, pero hasta ayer no había acudido al lugar ningún representante.
Otra joven pareja, cuya boda está programada para el próximo 7 de octubre, habitaba hace apenas 6 meses el departamento 104, una de las 24 viviendas del edificio de 6 pisos, situado en Emiliano Zapata número 26, en la colonia Portales Sur, y que hoy está en escombros. Este inmueble fue construido por Canada Building Group, compañía que lo vendió prometiendo a los compradores una construcción “sustentable, resistente y de alta tecnología”.
Al respecto, la Diputada Mayela Delgadillo Bárcenas, quien ha seguido y alertado sobre el tema del boom inmobiliario en la capital del país, aseguró que la construcción es un sector que da ganancias mucho mayores al monto invertido por lo que ha provocado un significativo aumento en el levantamiento de varios proyectos, a pesar de que implica “sacar agua y tierra permanentemente”.
De 2000 a 2015, el número de viviendas aumentó un 20 por ciento, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Sobre todo en Cuajimalpa (63 por ciento), Milpa Alta (58 por ciento), Benito Juárez (37 por ciento) y Miguel Hidalgo (32 por ciento).
“Los ciudadanos nos estamos defendiendo de las decisiones erróneas que están tomando nuestros funcionarios”, dijo Delgadillo Bárcenas. El impacto ambiental ha evidenciado que las políticas de desarrollo urbano emitidas durante décadas para la capital del país “han sido erróneas” y hoy desemboca en la insostenibilidad, añadió.
Un caso de ese daño ambiental al que se refiere la Diputada Delgadillo es el de la empresa Quiero Casa en la Delegación Coyoacán.
Desde febrero de 2016, vecinos de esa demarcación –ubicada al sur de la CdMx– han enfrentado fallas en el suministro de agua potable a raíz de la construcción de la desarrolladora en el manantial Aztecas 215, a pesar de 27 irregularidades expuestas en el “Manifiesto de impacto ambiental” publicado por la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) de la capital de la República.
Quiero Casa es una de las empresas integrantes de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios y tiene 65 socios. Durante este sexenio invirtió 14 mil millones de dólares en la Ciudad de México para el desarrollo de 132 inmuebles, presumió su presidente Salvador Daniel Kabbaz Zaga durante la firma del Código de Ética del Sector Inmobiliario y Vivienda, donde se comprometieron a cumplir las leyes.
“Tenemos calles donde hay agua un día y tres no. En otras zonas les cae sólo un chorrito de grosería, y en otros hemos pasado hasta tres meses sin una gota”, han acusado reiteradamente integrantes de la Asamblea General de Pueblos, Barrios y Pedregales de Coyoacán.
Con Información de Sin Embargo
